Avanza proyecto de ley que protege a usuarios de servicios púbicos

junio 7 ,2016 0
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 martha villalba hablando

La iniciativa, que pasará de Comisión Sexta a la Plenaria de Cámara para continuar con su trámite, busca proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los suscriptores y usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas.

Además, establece criterios para limitar la posición dominante de las empresas prestadoras de estos servicios, en lo relacionado a contratos de Servicios Públicos, elección del prestador, facturación, comercialización y demás asuntos referentes a la relación de estas empresas con el usuario.

“Los servicios en materia de energía y gas han sufrido una serie de modificaciones desde la expedición de la ley 142 de 1994. Hoy, ante esta situación, nos vemos en la necesidad de hacer unas modificaciones, un compendio de reformas que protejan a los usuarios. Este es un proyecto que recoge el sentir y la preocupación de nuestra gente caribe y sus ejes están fundamentados en la protección a los usuarios, la libre competencia -por cuanto hemos detectado que en materia de servicios públicos existe un monopolio por parte de estas empresas- y el servicio al cliente, que es fundamental para defender los derechos de los usuarios”, dijo Martha Villalba, autora y ponente del proyecto.

La congresista Inés López, que también es ponente de la iniciativa, sostuvo que “en la constitución del 91, se habló de la liberación de los servicios públicos y eso nos llevó a lo que estamos hablando hoy que son los monopolios de las empresas prestadoras de servicios públicos. Estas empresas hacen lo que a bien les parece y el usuario final tiene que aceptarlo”.

Señaló, además, que lo que se busca “es establecer lineamientos para que las empresas prestadoras de servicios públicos tengan claro cuáles son las normas que tienen que regir en el momento de aplicarle todas las sanciones que aplican a los usuarios”.

Por su parte, la representante Sara Piedrahita, también autora de la propuesta, explicó que “existe un vacío jurídico grandísimo en la ley 142 y en las resoluciones de la CREG, en cuanto a la protección del usuario. Estamos hablando que estas son reglamentaciones de casi 20 años. Hoy con las nuevas condiciones de mercado, con los avances tecnológicos que se han tenido, hay un hueco grande. Muchos de los puntos en esta ley ya están obsoletos y hoy se evidencia que parte del abuso que se comete hacia los usuarios de los servicios públicos es precisamente porque no hay una reglamentación clara que esté ajustada al mercado actual”.

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