Tras 17 meses que cumple la intervención hecha a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (Electricaribe) y que pese al tiempo aún no hay soluciones concretas a la vista, la representante a la Cámara por el Atlántico, Martha Villalba, radicó una proposición para citar a un debate de Control Político y exigir resultados sobre el tema.
Al respecto, Villalba indicó que en junio se cumplirá un año de haberse firmado el contrato con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) “y aún no hay a la vista un informe detallado de las recomendaciones a seguir en cuanto a la solución para la problemática de Electricaribe. Vemos por el contrario, que ya se habla de extender el plazo”.
De otro lado, la congresista destacó que es importante conocer a detalle ¿cuáles han sido los avances que a la fecha se han logrado con respecto al proceso de intervención? y reiteró que no comparte la posibilidad de que Gas Natural Fenosa (GNF) regrese a retomar el control del servicio de energía en la Costa Caribe.
“Sería algo incoherente y que va en contravía a la lucha que como bancada hemos dado desde el legislativo, donde con documentos en manos y estadística hemos demostrado fervientemente que GNF es una compañía inoperante y que no ha tenido un sentido de pertenencia con nuestra región. Hemos manifestado insistentemente que aquí necesitamos un nuevo operador, con un musculo financiero grueso y que llegue a hacer las inversiones que la costa merece para la prestación de un servicio de energía con calidad”.
El debate se llevará a cabo en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en la fecha y hora que establezca la mesa directiva y serán citados el Ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata; la Superintendente de Servicios Públicos, Rutty Paola Ortiz; el Agente Especial Interventor de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo, así como el gerente de esta empresa prestadora del servicio público de energía en la Región Caribe, Edgardo Sojo.
En la proposición, que además fue acompañada por la representante Inés López, también se invita al Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, para que en el marco de sus competencias rinda un informe detallado y sus apreciaciones sobre los hallazgos encontrados en la última auditoría hecha por esta entidad.
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