Concejales, diputados y empresarios del Atlántico, vinculados a investigación por compra de votos

Jun 22 2018 01:53 pm 0
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Varios operativos sin precedentes de la Fiscalía en contra de la corrupción electoral en varias regiones del país arroja siete imputaciones a concejales y diputados de Barranquilla y Atlántico, interrogatorios a renombrados empresarios barranquilleros y pesquisas por irregularidades en el Concejo de Barranquilla y la Registraduría de Soledad.

El fiscal Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa este jueves en el búnker, señaló: “Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel y se logró la identificación de más de dos mil (2.000) intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso”.

Concejales y diputados

Informó que la estructura habría estado conformada por los candidatos al Congreso Aida Merlano, conservadora y Lilibeth Llinás, Cambio Radical.

También por los dirigentes políticos regionales Jorge Rangel, diputado conservador del departamento del Atlántico; Margarita Ballén, diputada conservadora del departamento del Atlántico; Juan Carlos Zamora, concejal conservador del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Bravo, concejal conservador del distrito de Barranquilla; Aissar Castro Reyes, exconcejal de Cambio Radical y padre del concejal Castro Bravo y Vicente Támara, exconcejal de Opción Ciudadana, del municipio de Soledad.

“El próximo 30 de julio la Fiscalía imputará en Barranquilla los siguientes delitos: a la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo; a los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Ballén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo; a los concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo; a los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo”, indicó el fiscal.

Contratos en el Concejo

“Lo más interesante era la forma como se financiaba, tenía una fuente pública y otra privada, era un problema sistémico. Había contratos de prestación de servicios con el Concejo de Barranquilla, donde un concejal que fungía como presidente de la corporación otorgaba los contratos. La financiación privada era de cientos de cheques de particulares, y los cobraba Edwin Martínez: 21 cheques por más de mil millones de pesos”, reportó Martínez.

Dado el volumen de las sumas recaudadas, éstas eran depositadas en lugares estratégicos de Casa Blanca y hasta en la “bañera” de la edificación.

La organización

El jefe del ente acusador reportó más de 2.112 horas de video y audios recaudados, en los que “se pudo establecer que, en realidad, se trataba de una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas”.

Las evidencias recaudadas mostrarían que dicha organización operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República.

Describió el fiscal que la organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos.

“Para las elecciones de Congreso en el 2018, esta organización criminal funcionó al servicio de otras campañas electorales y no solamente atendió a la senadora electa Aída Merlano”, dijo.

Las pruebas muestran que Casa Blanca, cómo se conoce a la red, también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de Cambio Radical para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.

La organización delictiva tenía administradores (encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros), punteadores (encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras), pagadores (encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes, coordinadores (entregaban contraseñas en casas de apoyo) y didactas (encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales), describió la Fiscalía en el comunicado.

“Cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta”, informó Martínez.

De hecho, para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.

“Los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad. También se reclutaba adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado”, agregó el titular del organismo penal.

Según lo evidenciado por la Fiscalía, la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como mercaderes de grupos de electores en varias zonas. Estos se habrían encargado de la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos, lo que constituye un delito nuevo.

Nuevos delitos  

Las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017: Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales y tráfico de votos (artículo 390 A del Código Penal).

Los capturados

En la primera fase fueron capturadas en flagrancia cinco personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos:  Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales; Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.

Posteriormente, también fueron capturados los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz Jiménez, adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante.

Imputaciones a 20 líderes 

Señaló Martínez que el fiscal de conocimiento ha decidido imputar, en fecha que será determinada por el centro de servicios de Barranquilla, por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte líderes, los más caracterizados e importantes, que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.

Y en fecha que también será señalada por el centro de servicios de Barranquilla, también serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, seis personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la Casa Blanca.

Y el fiscal de conocimiento radicó solicitud de audiencia de imputación contra Edwin Martínez por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. La Fiscalía también solicitará audiencia para demandar el cambio de medida de aseguramiento de domiciliaria a intramural.

Aída Merlano

El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

“En la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aída Merlano y Lilibeth Llinás”, dijo el fiscal.

Los Gerlein

La Fiscalía también llamó “a interrogatorio de indiciado a los empresarios Julio Gerlein Echeverría y Mauricio Gerlein Echeverría”.

Los empresarios serán interrogados “por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral”.

Caso Ciénaga

El jefe del ente acusador recordó que durante las pasadas elecciones a Congreso fue capturado Sergio Andrés Lora Ávila, quien portaba casi 7 millones de pesos en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado por Cambio Radical, Fabián Castillo, actual representante a la Cámara.

“El alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz –conocido como “el Nene Pérez”–, de Cambio Radical, una vez supo de la captura, se dirigió hasta el Puesto de Mando Unificado del día de las elecciones en la Dirección de Policía del Magdalena. Una vez allí, solicitó tomar contacto con el director seccional de la Fiscalía y le pidió ayuda para que el señor Lora no fuera judicializado: ‘Sergio Lora es una persona seria, no es un delincuente y hacía una actividad política. Ahí no hay una situación irregular. ¿Hay posibilidad de no judicializarlo?'”, reportó Martínez.

También está documentado en el expediente que el electo senador Fabián Castillo, habría estado visitando al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue inicialmente conducido para el proceso de judicialización.

En el marco de la investigación, Lora Ávila habría justificado el porte de efectivo mediante la presentación de un contrato de transporte del día de elecciones, suscrito con el entonces candidato al senado Fabián Castillo, en el que se comprometía a prestar ese servicio en Magdalena. El fiscal de conocimiento concluyó que dicho contrato era contrario a la realidad, al punto que aparecen placas de vehículos que no existen.

“La información permitiría indicar la existencia de una organización dedicada a la compra de votos, que compromete a un mayor número de líderes y dirigentes locales”, dijo.

El fiscal de conocimiento radicó el día de ayer ante el centro de servicios de Santa Marta audiencia de imputación en contra de Sergio Andrés Lora Ávila, por los delitos de corrupción al sufragante, falsedad en documento privado y fraude procesal porque habría intentado desviar las investigaciones.

Y también se solicitará audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez, a quien se le imputará el delito de tráfico de influencia de servidor público, por presuntamente haber intentado favorecer a Lora Ávila durante el proceso de judicialización.

Así mismo, el fiscal de conocimiento dispuso compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia contra Fabián Castillo, actual representante a la Cámara y recién elegido senador, para los efectos de ley.

Registraduría de Soledad

“En las pasadas elecciones de Congreso de la República se denunció una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación para el municipio de Soledad, Atlántico. Esta habría consistido en el registro irregular de candidatos a jurado en el sistema de la Registraduría”, describió el fiscal.

Según estableció el fiscal de conocimiento, la Registraduría Especial de Soledad envió a la señora Sheyla Ali Barrios, quien figuraba en el directorio de un partido político para anteriores comicios, sin previa verificación, el código de acceso para cargar al sistema los nombres de los candidatos a jurado de votación en ese municipio.

“La señora Barrios inscribió 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos 1.107. En el desarrollo de la investigación, se confirmó que la señora Barrios no representaba a ningún partido político, razón por la cual no era la autorizada para hacer las postulaciones de candidatos a jurados de votación”, se lee en el comunicado.

Por eso, el día de hoy, el fiscal de conocimiento radicó ante un juez de garantías la solicitud de imputación contra Marbe Luz Pizarro (coordinadora de asuntos electorales de Soledad) y Édgar Lubo Pinedo (registrador especial de Soledad) por el delito de prevaricato por omisión.

Igualmente será imputada por el delito de falsedad en documento privado Sheyla Ali Barrios.

Santa Marta ‘Humana’

Martínez agregó que se adelantan indagaciones por la presunta contratación de aproximadamente 300 automotores (buses, taxis y mototaxis), que habrían sido destinados para movilizar a un grupo de electores en el barrio 30 de Octubre, en Santa Marta, durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial del pasado 17 de junio de 2018.

“Según datos preliminares, al parecer, estos vehículos estuvieron al servicio del movimiento Colombia Humana, y su alquiler y coordinación habrían estado a cargo del señor Saens Alberto Carabalí Montenegro, contratista de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, quien fue citado a entrevista para el próximo 22 de junio”, indicó.

Igualmente, fue citado a entrevista para la misma fecha Sergio Díaz, quien presuntamente participó en dichas contrataciones.

“Se indaga la procedencia de unos audios que dan cuenta de que la contratación de transporte para votantes del candidato Gustavo Petro que, según indica la interlocutora, fue financiado con recursos de la Alcaldía Distrital de Santa Marta”, concluyó Martínez.

“Espero que esto se aclare”: Fabián Castillo

El actual representante a la Cámara y senador electo por Cambio Radical, Fabián Castillo, lamentó las acusaciones que lo involucran con la presunta compra de votos para favorecer su candidatura en las pasadas elecciones al Congreso y dijo respetar la labor del fiscal general Néstor Humberto Martínez.

“Es un evento desafortunado y espero por el bien del país que se aclare. Por ser un tema penal el pronunciamiento lo haré a través de mi apoderado en los próximos días, cuando conozcamos el expediente porque apenas me estoy enterando”, expresó Castillo vía telefónica a EL HERALDO.

El Fiscal recordó ayer, en rueda de prensa, que durante las elecciones del pasado 11 de marzo fue capturado Sergio Andrés Lora Ávila, quien portaba casi $7 millones en efectivo, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato Castillo.

De acuerdo con el expediente, Castillo habría visitado al detenido Lora Ávila en la estación de policía a la cual fue conducido para el proceso de judicialización.

Este medio intentó comunicarse con Pérez, pero no obtuvo respuesta. La Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Ciénaga dijo que por el momento no emitirán ningún pronunciamiento.

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