Fiscalía pidió cárcel para los políticos vinculados al caso Merlano

Ago 9 2018 07:49 am 0
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La defensa solicitud al Juez una prórroga para estudiar el material probatorio presentado por la Fiscalía. El togado suspendió la audiencia hasta el 27 de agosto. 

 

La Fiscalía se fue de frente este miércoles contra los siete políticos locales imputados dentro la investigación Casa Blanca, operación que detectó la supuesta compra de votos para favorecer a la senadora electa Aida Merlano Rebolledo, hoy presa. Los señalamientos contra los procesados se dieron en medio de la continuación de la solicitud de medida de aseguramiento que se lleva a cabo en la sala especial de Justicia y Paz del Centro Cívico de Barranquilla.

Los vinculados a este procesos son Juan Carlos Zamora, Margarita Balén, Aissar Castro Bravo, Aissar Castro Reyes, Jorge Rangel, Lilibeth Llinás, Vicente Támara, imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante.

Ante el Juez Único Bacrim con funciones de control de garantías, Ricardo Méndez, el representante del ente investigador entregó detalles sobre supuestos manejos irregulares que estarían realizando algunas de estas personas, aparentemente, con el fin de obstruir a la justicia dentro de la investigación que se adelanta.

Inicialmente, el fiscal del caso mencionó que desde abril de este año, los entonces investigados enviaron oficios de querer ser escuchados, pero “la Fiscalía no vio necesario escucharlos”.

Incluso, el investigador precisó que el pasado 13 de julio, tras interceptaciones de llamadas, se detectó que Aissar Castro Reyes (padre) y Aissar Castro Bravo (hijo), trataron de contactar “a un juez por intermedio de un señor Ospino, para que actuara en la audiencia de imputación de cargos del 30 de julio”. Sin embargo, esta proposición fue rechazada por el abogado de confianza del concejal de Barranquilla y su padre.

No atiendan llamadas

Otra de las menciones que hizo el fiscal del caso ante el juez fue la de la supuesta actuación de los procesados para evitar que alguno delatara a los miembros de la estructura.

“Cuando usted vea a la señora posesionada el 20 de julio, será otro cantar”, leyó el fiscal sobre una frase que, de acuerdo con registros, citó Margarita Balén con cada uno de los líderes a los que llamó “uno por uno”.

También fueron presentados más audios de votantes y mandos medios de la estructura de compra de votos de Merlano haciendo llamadas a personas que los invitaban a no atender a las autoridades luego del allanamiento a la Casa Blanca.

“A los líderes se les pagaba para evitar que manifestaran la verdad o asistieran a las citaciones”, anotó el investigador.

Precisamente, contra el diputado Jorge Rangel Bello, la Fiscalía dijo que “citó a sus líderes todos los domingos de cada mes, en reuniones donde se hablaba del escándalo y sobre las declaraciones del fiscal…”.

Pero una de las declaraciones que más llamó la atención en la diligencia fue cuando el fiscal señaló que los imputados utilizaban el Concejo de Barranquilla para “ofrecer trabajo a sus líderes, ofreciendo dineros del erario público a personas que llegaban a sus despachos”.

En ese sentido, la Fiscalía también se refirió a Rangel Bello, quien, al parecer, estaría involucrado en la contratación de una mujer para que “desapareciera” las copias de unos contratos que reposaban en los archivos del Concejo y que fueron solicitados por la Fiscalía dentro de las pesquisas.

La sobrina de Aissar

Entre las formas que los procesados por la supuesta compra de votos usaban para obstruir a la justicia, la Fiscalía General señaló que “esta organización criminal presuntamente podrían inducir a los implicados o testigos para que se comportaran de una manera desleal con el objetivo de obstruir el proceso”.

Como ejemplo, el fiscal citó el nombre de Sara Luz Jiménez Otálvarez, empleada de confianza de Aida Merlano y hoy también tras las rejas en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

Tras la captura de esta mujer, según la Fiscalía, se incautó su teléfono celular y en la extracción de los chats se encontraron algunas conversaciones relacionadas con el proceso. Entre esas conversaciones del 12 y 13 de abril en las que se cita a una joven llamada Laura Orozco, sobrina de Aissar Castro Reyes.

Esta joven, indicó la Fiscalía, habría sido citada a la Corte Suprema para un interrogatorio, pero antes de eso le solicitaron a Castro que le informara a ella sobre un encuentro en Villa Carolina con Carlos Alberto Jiménez Otálvarez, hermano de Sara Luz.

“De las 12 personas citadas a la corte esta su sobrina, infórmele a su sobrina que tiene que ir a este edificio en Villa Carolina donde vive mi hermano el abogado…Que vaya que él le va a hacer unas preguntas…llama a tu sobrina y explícale…Llama a tu sobrina que se reúna con mi hermano para que él le diga lo que tiene que decir…”, precisó el fiscal.

Un día después, es decir, el 13 de abril, en otro chat de Sara Luz aparece: “Hola, soy Laura, la sobrina del señor Aissar… de los nombres que me mandaste no hay ninguno en nuestra lista…”. Esto estaría relacionado con la investigación, según lo expuesto por el Fiscal.

Además de Carlos Alberto Jiménez Otálvarez, abogado que actuó incialmente como representante de los capturados en la sede de Merlano el 11 de marzo y hoy está preso dentro de este vasto proceso, la Fiscalía detalló que se detectó una llamada en la que amenazaba a Francisco Palencia, el testigo clave de la Fiscalía que habría denunciado la compra de votos para favorecer a Merlano.

“Cuidado va abrir la boquita que ya sabe que es lo que le pasa”, se escucha en un audio revelado por el fiscal y que se trata de una llamada que le hizo el abogado a Palencia justo después de que este saliera de la citación ante la Corte Suprema.

Piden cárcel

La Fiscalía pidió medida intramural para todos los procesados, al considerar que estos son un “peligro para la comunidad”, en el sentido de que “atentar contra la democracia de un país y de un departamento y de comprar votos son hechos que el legislador ha catalogado como graves”.

“Ellos conocían que estaba cometiendo un delito… y desde 2015 se beneficiaron de ello. Querían ocupar cargos públicos comprando la conciencia de sus votantes”, anotó el fiscal del caso.

Con información de El Heraldo 

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