Primero Noticias

El Consejo Nacional Electoral recibió en la mañana del miércoles una carta enviada por el Banco Agrario, entidad que autorizó la apertura de una cuenta para guardar los dineros de la campaña del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc). En la misiva, Luis Enrique Dussan, presidente del banco, aseguró que el pasado viernes, a solo dos días de las elecciones legislativas, la totalidad del saldo disponible fue retirada por Jorge Federico Ramírez Escobar, gerente de Campaña de la lista al Senado del partido resultante de la firma del Acuerdo de Paz.

En total, la FARC recibió algo más de 9 mil millones de pesos para gastos de su campaña electoral. De ese dinero, $3.466.442.783 fueron extraídos entre el 1 y 8 de marzo. Los $5.548.342.960 restantes fueron retirados el 9 de marzo, último día hábil para hacer efectiva la solicitud antes de la jornada de votaciones. El banco procedió a la emisión de un solo cheque de gerencia a nombre de Ramírez y la cuenta quedó en $0.

Jairo Estrada, director del comité político de la FARC, le dijo a La W que la plata se retiró para pagar compromisos que se habían asumido previamente debido a que los dineros destinados a la campaña comenzaron a ser girados por el banco desde el 1 de marzo. “Es decir, solo contábamos con seis días hábiles para proceder a su ejecución”, manifestó.

“En conversaciones que sostuvimos con altos funcionarios del gobierno nos señalaron que era una práctica muy común en otros partidos, precisamente porque los dineros se entregan casi que a último momento”. Por esa razón, según Estrada, la FARC solicitó créditos para financiar su campaña y luego procederlos a pagar con estos recursos.

Esta práctica, incluso, fue mencionada por el magistrado del CNEArmando Novoa, quien aseguró que, sin la debida indagación, es imposible determinar por qué razón la FARC retiró el dinero a tan poco tiempo de las elecciones legilstativas. Por esta razón, se iniciará la pesquisa sobre la destinación del presupuesto.

El representante de la Farc reiteró que “sería absolutamente ilegal gastar dineros de la campaña después de pasar las elecciones. Quien menos está interesado en infringir las normas legales en materia de financiación de las campañas es el partido de la Farc por las consecuencias que eso tendría para nosotros, pues tenemos que rendir cuentas, obviamente, de lo que se gasta en el marco de la campaña”.

El Acto Legislativo 3 de 2017, que regula parcialmente el componente de reincorporación política del Acuerdo Final, establece, como aplica para todos los demás partidos o movimientos, que dichos dineros entregados por el Estado deben ser usados con las finalidades establecidas por la ley, es decir, para la financiación de campañas políticas. Por esta razón, ante el movimiento financiero de la FARC, el Banco Agrario llamó la atención del CNE “para el seguimiento y control de la rendición de cuentas de los partidos políticos y demás declaraciones de los ingresos y gastos de campaña”, según las facultades conferidas al organismo mediante la Ley 1475 de 2011.

Como respuesta a la diligencia, el CNE afirmó que le corresponde evaluar si da lugar o no abrir una investigación preliminar o “cuál debería ser el camino a seguir”. Según declaró el magistrado de la institución Armando Novoa en diálogo con Blu Radio, “nos reuniremos con el equipo de asesores para mirar cuáles pruebas tendríamos que decretar de manera inmediata. Todas las demás hipótesis están sujetas a que demos ese primer paso”.

 “Si, abierta la indagación preliminar, se encuentra que hay pruebas o material que apunta a que hay que abrir una investigación formal, incluso con formulación de cargos, lo hace, es su deber legal. Si, por el contrario, se encuentra que hay una explicación razonable y fundamentada, entonces no habría lugar a abrir una investigación formal sino llevar el caso al archivo. Y eso es lo que tenemos que determinar en los próximos días”, aseguró.

Según lo indica la ley, todos los partidos y candidatos deben reportar su informe de ingresos y gastos al CNE dos meses después del certamen electoral, que en este caso sería el 11 de mayo. Sin embargo, ante estas circunstancias, “es posible que se den las investigaciones antes de tiempo”.