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A través de la resolución 186 de 2025, el Gobierno nacional suspendió la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc con las que negocia la paz.

El Gobierno argumentó que “su entrega inmediata podría afectar el desarrollo de los procesos que se han venido desarrollando con el Frente 33 del Estado Mayor Bloque Magdalena Medio”.

Por esta razón, decidió suspender la entrega de alias Mocho Olmedo “mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dichos objetivos”.

Sin embargo, la resolución advierte que en caso de que, a juicio del Gobierno nacional, se interrumpa la participación de Willinton Henao Gutiérrez o cesen sus aportes al proceso de ‘paz total’, se procederá a hacer efectiva su entrega, “previo cumplimiento de los condicionamientos impuestos al Estado requirente en el presente acto administrativo”.

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición a Estados Unidos de alias Mocho Olmedo en mayo de este año.

En su decisión, la Corte Suprema de Justicia dijo que los delitos por los que es requerido Henao los cometió entre 2021 y 2022 y son de naturaleza común, no política.

Willinton Henao Gutiérrez es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos.

En días previos a la decisión de la Corte Suprema, el presidente Gustavo Petro había firmado una resolución por medio de la cual se creó una zona de ubicación temporal en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para reagrupar al Frente 33 de las disidencias de las Farc.

La medida, con vigencia de siete meses, permite la concentración del Frente 33, que hace parte del Estado Mayor de los Bloques y los Frentes (EMBF), una de las mayores disidencias de las Farc, para “facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes”.

La resolución incluye la suspensión de órdenes de captura para integrantes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y garantiza la presencia institucional en la zona sin retiro de la Fuerza Pública.