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Toda clase de comentarios ha generado la más reciente sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en la que se eligió al abogado Guillermo Andrés Echeverría Gil como nuevo rector para el periodo 2026-2030, pues para dicha elección, y pese a todas las críticas, el Gobierno mantuvo en la mesa a Juliana Guerrero como delegada de la Presidencia.

Guerrero ha estado en el centro del debate público por presuntamente recibir títulos sin cumplir los requisitos académicos, tanto así que este 10 de marzo la Fiscalía espera imputar cargos en su contra por fraude procesal y falsedad ideológica; sin embargo, un día antes de esta diligencia, la joven no solo tuvo voz y voto en la elección del rector de la UPC, sino que este fue clave para consolidar el bloque mayoritario que respaldó a Echeverría Gil.

¿En qué va el caso de Juliana Guerrero?

La aparición de Guerrero en un video institucional que publicó la universidad para anunciar al nuevo rector puso los reflectores sobre ella una vez más, reafirmando la postura del Gobierno que desde febrero pasado había dejado claro que, pese a la anulación de sus títulos y la anunciada imputación, ella no sería retirada de su rol como delegada ante la Universidad Popular del Cesar, lo que exacerbó las críticas desde distintos sectores.

Desde el Congreso, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza también ha pedido la exclusión de Guerrero del cargo, pero frente a la situación, el mismo ministro de Educación ha insistido en que cualquier decisión sobre la permanencia de Guerrero corresponde exclusivamente a la Presidencia.