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Al acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación presentados en una acción popular para proteger los derechos de la ciudadanía, el Tribunal Administrativo de Bolívar decretó la implementación de medidas cautelares urgentes para controlar los graves riesgos derivados de la actividad de construcción en Cartagena.

La decisión busca garantizar que no se repitan situaciones lamentables y de caos administrativo como las evidenciadas en la tragedia ocurrida el 27 de abril pasado, cuando se derrumbó el edificio Portales de Blas de Lezo 2.

En la providencia, el Tribunal ordenó en forma perentoria al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Distrito de Cartagena, a las alcaldías locales 1,2 y 3 y las curadurías urbanas 1 y 2, que en el término de un mes implementen, de acuerdo con sus competencias, un plan de vigilancia y control de todas las obras de construcción que se adelantan en la ciudad y realicen las acciones que por ley les corresponda, en defensa de los derechos a la vida y al desarrollo urbano seguro.

Las entidades accionadas deberán presentar un informe bimensual de las actividades de control y vigilancia que realicen. Ese seguimiento deberán remitirlo al Tribunal Administrativo de Bolívar y a la Procuraduría General de la Nación.

En un mes, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa verificará la ejecución de estas medidas. En caso de incumplimiento, se podrían imponer multas por desacato a la acción popular, que podrían ir hasta los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de las sanciones disciplinarias que procedan.

Una vez notificada de la decisión, la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa solicitó un primer informe al Secretario de Planeación de Cartagena, para conocer las acciones que se están ejecutando para dar cumplimento al fallo del Tribunal.