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La Procuraduría General de la Nación sancionó a la excongresista Aída Merlano Rebolledo con destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos de 10 años, tras hallarla disciplinariamente responsable del delito de corrupción al sufragante.

Por estos mismos hechos, relacionados con las elecciones de Congreso 2018, la Corte Suprema le confirmó a Merlano una condena de 11 años y 4 meses de prisión.

Para el órgano de control, Merlano Rebolledo defraudó el ordenamiento jurídico, la representación del pueblo en su condición de congresista y la Constitución.

Además, señala que ella sabía perfectamente que la compra de votos era ilegal y aún así la realizó conscientemente.

La defensa de la excongresista, que fue detenida en Venezuela en enero de este año tras haberse fugado de la justicia colombiana, argumentaba que la Procuraduría no podía sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, conforme lo dijo la Corte IDH en una condena contra el país por el caso de Gustavo Petro. No obstante, el Ministerio Público aclaró que, hasta tanto no se hagan los cambios normativos que ordenó la Corte IDH, las competencias de la Procuraduría para sancionar a elegicos por voto sigue intacta.

Entre las pruebas que tuvo en cuenta la Procuaduría para sancionar a Merlano está la denuncia penal que recibió la Fiscalía sobre cómo en una de las sedes de campaña de Merlano al Senado se estaban comprando votos. En ese inmueble se cometían actividades ilegales con el fin de que Merlano resultara electa senadora el 11 de marzo de 2018, como se comprobó en el proceso penal.

“Aída Merlano Rebolledo desplegó toda una serie de actividades que engranaron el andamiaje para corromper las elecciones del 11 de marzo de 2018, pagando a los ciudadanos por los votos en favor de las aspiraciones políticas que tenía al Senado de la República”, se lee en el fallo de la Procuraduría.

En el proceso disciplinario también se tuvieron en cuenta hallazgos de policía judicial como unos documentos llamados “actas de entrega líder” y recibos en los que se consignaba el valor pagado a las personas.

La Procuraduría dijo igualmente que de las pruebas se puede inferir que Merlano era la jefe y organizadora de la estructura criminal, aunque tenía el respaldo económico de otra persona. “El apoyo del señor Julio Gerlein sirvió para impulsar económicamente las aspiraciones de Merlano Rebolledo, sin embargo, la campaña al Senado se transformó de un certamen democrático a un foco de corrupción, por cuanto se entregó dinero a cambio de votos”, dice la Procuraduría.

Contra la sanción de la Procuraduría Merlano puede interponer recurso de reposición.