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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú entregó este lunes a la embajada de Colombia una nota diplomática en la que transmite “el profundo malestar” del Gobierno de Dina Boluarte por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, al considerarlas una injerencia “inaceptable” en los asuntos internos del país.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería indicó que las afirmaciones de Petro constituyen “una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú , especialmente grave en el contexto de actos de violencia que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas”.

Agregó que sus palabras “no son consistentes con las tradicionales relaciones de respeto mutuo, amistad, cooperación y voluntad de integración” que unen a ambos estados y pueblos.

Igualmente, la Cancillería peruana subrayó que las declaraciones de Petro “se apartan de la prudencia” que los sucesivos gobiernos del Perú y Colombia han cultivado respecto a los asuntos de política interna del otro Estado, especialmente “en situaciones complejas y delicadas”.

El pasado viernes, el presidente de Colombia aseguró que “hoy por hoy hay una crisis” en Perú, donde hay “un presidente elegido popularmente preso”, lo que calificó como “exabrupto”.

Dijo, además, que la crisis interna en Perú “está alterando el cronograma del proceso de integración que traíamos” pues, según remarcó, las dificultades que el Congreso peruano le venía poniendo a Pedro Castillo para viajar a reuniones latinoamericanas impedían “la articulación, la integración económica de América Latina y del área andina”.

Al ser preguntado sobre si reconoce a Boluarte como presidenta, Petro evitó contestar y señaló que aún no ha conversado con el nuevo Gobierno, todo ello después de que el lunes la Cancillería colombiana difundiera un comunicado conjunto con los gobiernos de México, Argentina y Bolivia asegurando que Castillo, al que aún reconocen como presidente, es “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.

Castillo fue destituido el pasado 7 de diciembre por el Congreso, después de anunciar que cerraría el Legislativo y gobernaría por decreto, y actualmente cumple prisión preventiva por 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión y conspiración, cargos por los que afronta una eventual condena a 10 años de cárcel.