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En un intento por frenar los desmanes y el vandalismo durante las movilizaciones sociales en Colombia, los representantes Julio César Triana y Jaime Arizabaleta presentaron una iniciativa legislativa que busca establecer sanciones específicas contra quienes utilicen capuchas, máscaras o cualquier elemento para ocultar su identidad mientras cometen delitos en el marco de una protesta.

La propuesta, construida por un grupo interdisciplinario de congresistas, no busca prohibir la protesta social, un derecho fundamental amparado por la Constitución, sino endurecer las medidas contra grupos minoritarios que, según el legislador, se infiltran en las marchas para destruir bienes públicos y privados.

¿Qué busca sancionar el proyecto de ley sobre encapuchados?

El objetivo principal de la iniciativa es tipificar una nueva conducta en el Código Penal. Según explicó el representante Triana, el proyecto pretende crear un “tipo penal especial y a la medida de quienes se ponen una capucha, no para marchar, ni para protestar, sino para adelantar actos delictivos”.

Para el legislador, la existencia de encapuchados que atacan a miembros de la fuerza pública, lanzan bombas incendiarias o dañan infraestructura crítica requiere una respuesta estatal contundente. “Este proyecto busca modificar el Código Penal para sancionar a quienes, ocultando su identidad, ejecutan actos vandálicos en el marco de las manifestaciones o de las protestas pacíficas”, señaló Triana.

¿Cuáles son las penas propuestas para quienes utilicen capuchas?

Uno de los puntos más críticos de la propuesta es la duración de la pena. El representante Triana argumenta que, aunque actualmente los actos violentos son delitos, el sistema judicial suele imponer sanciones excarcelables, lo cual genera una percepción de impunidad.

“En este delito hemos creado y vamos a promover que la pena sea de cuatro años a ocho años, buscando que no sea excarcelable”, afirmó el congresista, destacando que el propósito es que el operador judicial tenga una herramienta clara para procesar a los responsables de estos actos.

¿Por qué el proyecto no considera que se limita el derecho a la protesta?

Ante las críticas sobre si esta medida podría coartar el derecho a la manifestación pacífica, el representante Triana fue enfático en desmarcar su iniciativa de cualquier intención de criminalización. Aclaró que el uso de capuchas por sí mismo no constituye el delito, sino el hecho de ocultar el rostro con el fin deliberado de cometer un ilícito.

“En ningún momento aquí estamos buscando criminalizar la protesta, porque el tipo penal se aplicará siempre y cuando quien oculte su identidad, sea con una máscara, un pasamontañas o lo que sea, incurra en la comisión de un acto vandálico y esté inmerso en una protesta o en una marcha”, explicó.

¿Qué elementos se consideran “capucha” según la propuesta?

La iniciativa es amplia en cuanto a la definición del ocultamiento de la identidad. De acuerdo con el ponente, el articulado pretende cubrir cualquier mecanismo que impida el reconocimiento físico del individuo.

“El ocultamiento de la identidad puede ser con una máscara, con un pasamontañas o con un trapo cubriendo la cara. Aquí lo que buscará este tipo penal es que quien oculta la identidad tenga unos elementos que agraven la pena para que el operador jurídico tenga un tipo penal para echarle mano”, indicó Triana durante la entrevista en Mañanas Blu.

¿Qué agravantes contempla el proyecto de ley?

Además de la penalización por el uso de elementos para ocultar la identidad, el proyecto establece agravantes punitivos basados en el contexto y los medios utilizados. El representante mencionó que la ley contempla sanciones más severas cuando el vandalismo se comete en lugares específicos o con herramientas peligrosas.

“Estamos poniendo unos agravantes cuando se utilizan artefactos peligrosos diseñados artesanalmente, pero también cuando se hace en instituciones de salud, instituciones de educación, instituciones que prestan socorro o cuando se afecta infraestructura pública”, puntualizó.