Con 133 votos a favor la Plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca modificar el artículo 122 de la ley 30 de 1992, que hace énfasis a los costos que los estudiantes deben pagar a las Instituciones de Educación Superior (IES), tanto públicas como privadas, por concepto de inscripciones, matrículas, exámenes de habilitación, supletorios y preparatorios, derechos de grado, expedición de certificados y constancias, entre otros.

En ese sentido, la iniciativa contempla que, en el caso de las IES públicas, el valor de todos los costos pecuniarios y aquellos destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, se fije teniendo en cuenta una evaluación socioeconómica previa, la cual deberá informarse al Ministerio de Educación para efectos de la inspección y vigilancia. En cuanto a las IES privadas, estas no podrán incrementar el valor en más de un 10%.

De otro lado, el articulado del proyecto establece que las Instituciones de Educación Superior públicas y privadas fijarán el plazo para efectuar el pago de la matrícula ordinaria, el cual no podrá ser inferior a veinte días calendario, a partir de la entrega del respectivo recibo. Además, que el incremento para la matrícula extraordinaria no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de inflación del año inmediatamente anterior.

“Para nadie es un secreto que los problemas socioeconómicos son la principal razón de abandono en las instituciones de educación superior en el país. Entre las causas más comunes que vemos con respecto a la deserción, están los bajos ingresos familiares, el desempleo, la incompatibilidad entre trabajo y estudio y la falta de apoyo familiar, por eso este proyecto se constituye en una oportunidad porque elimina barreras de acceso a la educación superior”, explicó la representante Martha Villalba, autora y ponente de la iniciativa.