Detención domiciliaria a 4 capturados en sede de Aida Merlano, una de las detenidas quedó libre

Mar 16 2018 07:01 am 0

“Las personas aquí no son los culpables directos. Detrás hay unos determinadores”. Con este argumento Alberto Oyaga Machado, juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, sustentó la decisión de cobijar con casa por cárcel a cuatro de los cinco capturados el domingo anterior en la sede política de la senadora electa Aida Merlano Rebolledo.

El togado no decidió acoger la solicitud hecha por la Fiscalía, representada por la delegada 17 de la unidad de delitos contra la administración pública, de enviar a prisión a los imputados.

Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, hermana de la actual representante a la Cámara y electa senadora, Aida Merlano, fue cobijada con medida domiciliaria y tendrá permiso para trabajar de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La decisión estuvo fundamentada en actas que presentó su abogado defensor, Hernán Varón, en las que constataba que Merlano, señalada de ser una de las coordinadoras de la campaña electoral de su hermana, padece de una condición de salud mental y que es madre cabeza de su hogar de dos hijos.

A Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores también les fue dictada detención domiciliaria.

En el caso de María Camila Valencia Lugo, según la Fiscalía encargada de redes sociales, fue dejada en libertad y podrá retornar a Bogotá para continuar con sus estudios de derecho de la Universidad de Santo Tomás. “Tiene buenas calificaciones y ya que vive en Bogotá, necesita continuar trabajando para su manutención”, añadió el juez.

Además, su abogado defensor, Sixto Pérez, certificó que la mujer llegó a Barranquilla hace un mes, tiempo después de cuando presuntamente se llevaba a cabo la logística de la compra de votos.

La Fiscalía

En la audiencia, con el apoyo de imágenes y videos en los que mostraba cómo presuntamente funcionaba la compra de votos, la fiscal 17 de la unidad de delitos contra la administración pública sustentó su solicitud de medida de aseguramiento intramural. Los delitos imputados, corrupción al sufragante  y porte ilegal de armas de fuego, confieren una pena entre los 4 y los 6 años en el primero y los 9 y los 12 años el segundo.

En la audiencia de legalización de captura, el juez había manifestado que no encontraba el mínimo de tipicidad en el delito de porte ilegal de armas de fuego. No obstante la Fiscalía, en la siguiente diligencia, imputó este cargo pues los salvoconductos, excepto el de una Glock propiedad de Merlano, se encontraban vencidos.

Para conceder la medida intramural que solicitó la Fiscalía, el juez ponderó varios aspectos. Entre estos, si los detenidos son un peligro para la sociedad o para las víctimas, o si hay un riesgo de que las partes no comparezca ante la justicia, de las cuales el togado determinó que no existía ninguno de estos.

Procuraduría

 El procurador primero David de Aguas, presente en la diligencia, afirmó que “claramente se puede inferir que estamos hablando de sumas de dinero que entregaban a unas personas para que los ciudadanos votaran por un candidato en específico”, manifestó el procurador.

Agregó además que debido a la coyuntura y que en poco tiempo se aproximan otras elecciones había “un peligro para la comunidad porque podrían repetir esta conducta”.

“Por la época en que nos encontramos y por el tema de los certámenes democráticos, la sociedad demanda que las autoridades tomen decisiones ejemplares en contra de este tipo de conductas”, precisó.

No obstante, el funcionario alegó que con respecto al delito de porte ilegal de armas de fuego, no había claridad acerca de la tenencia ya que, a su juicio, no es suficiente con que ellos se hayan encontrado en el comando al momento del allanamiento, especialmente cuando se conoce que estas armas tenían como objetivo “la seguridad del recinto”.

detalle

Lectura de código

“La unión hace la fuerza”, esta es la frase que utilizando el scanner QR se puede leer en los ‘stickers’ que aplicaba la campaña de Merlano. Según la Fiscalía, este  adhesivo era la forma de hacerles seguimiento a los líderes y a sus votantes. Pero Carlos Jiménez, abogado defensor de  Everlin Díaz Díaz, asegura que estos elementos funcionaban como boletas para una alocución que, de ganar, haría la senadora. “Una empresa imprimió 20.000 ‘stickers’, cada uno de color diferente, pero todos arrojan al mismo lugar”. Una de las hipótesis del ente acusador es que, luego de que se realizara el allanamiento, el resultado al escanear el código QR fue cambiado. Según la versión del defensor, el código QR es estático y una vez creado no se puede modificar el resultado que arroja.

Tomado de elheraldo.co