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La palabra ‘minga’ es de origen quechua y significa un trabajo colectivo con fines de utilidad comunitaria. En las últimas horas, cerca de 5.000 indígenas que marchan desde Cauca y Valle del Cauca hasta Bogotá unirán la minga a otras fuerzas que organizan un paro nacional de protesta para el próximo 21 de octubre.

El Gobierno dice que respeta las protestas, pero advierte que no permitirá alteración en el orden público. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, revela que el Gobierno tiene pruebas de la infiltración de extremistas en la minga. Asegura Molano que, inclusive, hay instrucciones terroristas.

El diálogo con el alto funcionario, quien asume la vocería de la Presidencia de la República, se inicia con el análisis de la marcha. Las democracias –dice– viven constantemente este tipo de manifestaciones. Tranquiliza en este caso, agrega, que la propia minga ha reconocido que el Gobierno cumplió los acuerdos, y revela que el verdadero motivo que los moviliza es político-electoral, razón por la que mantienen su agenda, indiferente de que el Presidente los escuche en Cali, Bogotá o en su mismo territorio. La movilización está garantizada por el Gobierno, pero hay que ser responsables, porque movilizarse en masa en este momento es como un huracán de contagio recorriendo el país.

¿Por qué se insiste en que la minga indígena ha sido infiltrada?

El Eln lo ha reconocido; y en el caso de las disidencias de las Farc, el comandante del Ejército y el director nacional de seguridad ciudadana de la Policía alertaron que este grupo tiene intenciones de atentar contra miembros de la minga para después culpar a la Fuerza Pública. Eso es lo que nos preocupa, que esas infiltraciones pongan en riesgo la vida de los indígenas, de nuestros soldados y policías, por eso se aplicará todo el rigor de la ley contra los violentos.

Esa afirmación de ‘todo el rigor de la ley’, ¿qué supone?

A los violentos se les aplicará todo el peso de la ley, nuestra Fuerza Pública estará muy atenta para capturar y poner a disposición de las autoridades competentes a los que infrinjan la ley. Tras los desmanes ocurridos el 21 de noviembre pasado, capturaron y se judicializaron cinco personas.