La Secretaría de Cultura y Patrimonio entregará 875 millones de pesos para el sector cultural del departamento. Se beneficiarán 1.823 actores en situación de vulnerabilidad.

En el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica por la que atraviesa el país, la Gobernación del Atlántico y su Secretaría de Cultura y Patrimonio entregarán 875 millones de pesos a creadores, artistas y gestores culturales en situación de vulnerabilidad, como consecuencia del COVID-19.

Dichos recursos, provenientes del Impuesto Nacional al Consumo (INC), serán destinados transitoriamente al sector cultural por autorización del Gobierno Nacional, a través del Decreto 561 del 15 de abril de 2020. Con esta medida, la administración departamental beneficiará a 1.823 actores culturales del Atlántico, que deberán certificar su aplicabilidad al recurso, según los requisitos del proceso.

“Cada vez son más las ayudas para la gente del Atlántico. Esta vez entregaremos recursos para el sector cultural, que ha sido uno de los más golpeados por los efectos de la emergencia. Los actores beneficiados recibirán, cada uno, un total de 480.000 pesos que serán divididos en tres transferencias monetarias de 160.000 pesos. Así estamos brindando un auxilio para su subsistencia durante esta temporada”, aseguró la gobernadora, Elsa Noguera.

De acuerdo con las especificaciones del decreto nacional, reglamentado por la Resolución 0630 del 21 de abril de 2020, los beneficiarios de estos recursos no podrán ser parte de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, BEPS para creadores y gestores culturales, Ingreso Solidario, devolución del IVA o pensión. Cabe destacar que el tres por ciento de los recursos, en el caso del Atlántico avaluados en aproximadamente 26 millones de pesos, deberán destinarse a actores culturales en condición de discapacidad.

Así será el proceso de entrega

En el departamento, este proceso será liderado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio. En diez días calendario, a partir de la expedición de la resolución nacional, la dependencia avanzará en la identificación de los creadores, artistas y gestores culturales que cumplan con las condiciones para acceder al recurso.

“Con las secretarías de Cultura municipales iniciamos la recolección de datos a través de un formulario digital, que estará disponible del 22 hasta el 26 de abril. Posteriormente, también con las alcaldías municipales, se certificará que cada actor inscrito cumpla con el estado de vulnerabilidad. Al término del proceso, el Ministerio de Cultura filtrará la información con el banco de datos nacional relacionado con los subsidios monetarios mencionados en el decreto”, explicó la secretaria de Cultura y Patrimonio, Marcela Dávila.

De esta manera, la administración departamental establecerá el listado de creadores, artistas y gestores admitidos para el recurso, según los criterios de priorización establecidos en la resolución, como discapacidad, puntaje Sisbén o listado censal, edad del aspirante, ingresos, ruralidad y manifestaciones del patrimonio cultural. Dicha información será publicada en la página web de la Gobernación del Atlántico: www.atlantico.gov.co.

“Para el giro de los recursos, la Secretaría de Hacienda del Atlántico realizará transferencia monetaria a las cuentas bancarias entregadas previamente por el creador, artista y gestor cultural. Este incentivo es personal e intransferible”, recordó la secretaria Marcela Dávila.

Entre los requisitos de los beneficiarios del recurso están: ser mayor de edad, ser creador, artista y/o gestor cultural del departamento del Atlántico en situación de vulnerabilidad, diligenciar en su totalidad el formulario digital suministrado por la Gobernación del Atlántico y ser colombiano residente en el departamento del Atlántico.

Los recursos del Impuesto Nacional al Consumo (INC) que serán entregados a los actores del Atlántico corresponden a la vigencia 2019-2020. Cabe resaltar que este impuesto, proveniente de servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil, regularmente ha sido una de las fuentes de financiación para proyectos y actividades que promuevan la protección del patrimonio cultural.