La polémica tras los permisos de 72 horas a condenada por chuzadas

Ene 22 2020 07:24 am 0

El Inpec expidió una resolución en la que establece que la condenada exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, no podrá salir de Bogotá para disfrutar de un permiso de 72 horas fuera de su sitio de reclusión.

La exfuncionaria, condenada en 2015 a 14 años de cárcel por las chuzadas del DAS, y privada de su libertad en una unidad militar del norte de Bogotá, ya ha cumplido casi cinco años de su sentencia –más de la tercera parte– y tiene derecho a salidas de su sitio de reclusión.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso señalaron que el juez quinto de ejecución de penas de Bogotá, encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia impuesta por la Corte Suprema de Justicia, concedió el permiso, pero el Inpec, en una resolución de la Dirección Jurídica, estableció que no podría salir del área urbana de Bogotá.

De hecho, el juez del caso señaló que él ya resolvió el tema dando concepto favorable para que Hurtado Afanador deje su sitio de reclusión y que “cualquier discrepancia de la condenada deberá adelantarse ante el Inpec”.

Desde noviembre, el juez ofició en reiteradas ocasiones para que se le otorgara el permiso administrativo a Hurtado y le pidió al Inpec informar si se había expedido alguna resolución que limitara la movilidad de la condenada en el disfrute de las 72 horas de permiso.

El abogado Víctor Mosquera, que representa a la exfuncionaria del DAS, le dijo a EL TIEMPO que no entienden las razones del Inpec para fijar esa restricción y que han pedido las explicaciones del caso.

“En los demás casos con otros internos nunca se han impuesto ese tipo de restricciones. Las personas pueden disfrutar de su permiso y deben garantizar, eso sí, que a las 72 horas se deben estar reportando en el sitio de reclusión, pero no se les exigen otras condiciones sobre el sitio en el que van a disfrutar del beneficio de ley”, indicó Mosquera.

María del Pilar Hurtado fue condenada por delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, por los seguimientos e interceptaciones ilegales que se adelantaron desde el DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra magistrados, políticos opositores y periodistas.