En los próximos días se conocerán nuevas decisiones de fondo de la Procuraduría General en las investigaciones que se adelantan por las irregularidades en la entrega de contratos viales a la empresa brasileña Odebrecht. El Ministerio Público ya identificó a un grupo de funcionarios públicos que habrían tenido participación y conocimiento en la entrega de millonarios contratos de obras públicas en el país.

Para el procurador General, Fernando Carrillo Flórez dicha empresa es una “multinacional del crimen organizado” puesto que las pruebas recolectadas hasta el momento y la información que han entregado organismos internacionales han revelado que Odebrecht incluso conformó un departamento interno para controlar el pago de millonarios contratos viales en diferentes países de América Latina.

“Tenían un departamento dedicado a los sobornos, y como empresa criminal debemos buscar la muerte jurídica de esa empresa”, precisó Carrillo Flórez. En este sentido manifestó que todos los organismos deben fortalecer sus controles con el fin de evitar que este tipo de casos se presenten nuevamente.

Considera que en el caso de Odebrecht no se pueden hablar de casos aislados, o de solamente “dos ejecutivos aislados, o dos manzanas podridas”. Es evidente, recalcó, que todos tenían conocimiento de estas actividades ilegales. “Debemos combatirla con herramientas jurídicas y perseguir la responsabilidad penal para llevar a la muerte jurídica a estas empresas”.

Sin embargo, estas herramientas no existen actualmente en Colombia. “Si hay crimen organizado internacional hay que acudir a todas las herramientas de la cooperación internacional para combatir la corrupción. Este no es un problema local únicamente, de ver como aplicamos un conjunto de leyes a los corruptos en el ámbito nacional”, señaló el jefe del órgano de control disciplinario.

Para esto se deben “perseguir los bolsillos de los corruptos” exigiendo las declaraciones de renta y rastreando sus bienes y patrimonio. La Procuraduría General busca establecer la participación de funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos en el recibimiento y entrega de los sobornos para garantizar los contratos de la Ruta del Sol II y la vía Ocaña-Gamarra, entre otros.