Policías procesados por muertes en protestas piden que caso vaya a Justicia Militar

Ene 18 2021 11:42 am 0

Por el delito de homicidio, este lunes se presentaron ante la justicia tres policías que estaban de servicio el 9 de septiembre del año pasado.

Esa noche se registraron desórdenes en la ciudad tras el homicidio del estudiante de Derecho Javier Ordóñez en medio de un procedimiento de la Policía en el occidente de Bogotá.

En estas audiencias serán imputados los patrulleros Andrés Eduardo Díaz Mercado, Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez y José Andrés Lasso Valencia.

Como las audiencias se están llevando a cabo por separado, en la diligencia en la que la Fiscalía iba a imputar cargos contra Andrés Eduardo Díaz Mercado ante el juzgado 42 de control de garantías, su defensa pidió que el caso pase a la Justicia Penal Militar.

Según la defensa de Díaz, quien responde por la muerte de Germán Smyth Puentes Valero en un CAI de Suba, la muerte del ciudadano se dio en un acto de servicio en el que, dijo, “no se avizora ningún tipo de extralimitación”.

La defensa afirmó que la muerte de Puentes Valero se dio “en un cruce de disparos que se da para repeler un ataque contra el CAI, que está siendo incendiado así como las motos de la Policía”, dijo, señalando que “no hay razonamiento para decir que se trató de una violación de derechos humanos, ni que hubo sistematicidad”.

Sin embargo, la representante de víctimas, Nadia Triviño, se opuso a que este caso pase a la Justicia Penal Militar. Primero señaló que sí hay un contexto de sistemáticas agresiones de la Policía a la protesta pacífica, citando varios casos de extralimitación policial y delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.

Y en el caso particular, es decir, los homicidios que hubo en medio de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, a manos de Policía, la representante de víctimas dijo que se “sobrepasó la proporcionalidad, necesidad y racionalidad del uso de la fuerza”. Esa noche, dijo Triviño, “fueron asesinadas 14 personas en un mismo modus operandi: policías accionando sus armas de fuego en contra de los manifestantes”.

Según la abogada Triviño, Germán Puentes Valero recibió un impacto de bala en su espalda, disparada por un arma del patrullero Díaz Mercado, quien según ella incurrió en una “extralimitación de autoridad” pues el ciudadano no estaba armado, y así lo demuestran los informes de las autoridades.

El patrullero Díaz Mercado, aseguró la abogada, pudo haber afectado incluso a más personas pues “disparó su arma 21 veces”.

“Es evidente que por la forma en que se presentaron los hechos, los delitos no guardan ninguna relación con el servicio. La persona contra la que disparó era un civil que se movilizaba en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos”, dijo la representante de las víctimas.

En la diligencia también habló el fiscal delegado, quien dijo que está claro que la Fuerza Pública no puede usar las armas de fuego contra civiles, salvo que se trate de un hecho en defensa propia. Pero en este caso, dijo, de acuerdo con los videos que el ente acusador ha recaudado “no hubo un riesgo, ni un peligro inminente. En los videos tampoco se ve un cruce de disparos, como dijo la defensa”, dijo el fiscal.

Por el contrario, señaló, “lo que se ve en los videos es a miembros de la Policía accionando sus armas de forma desproporcionada contra miembros de la comunidad”, dijo el fiscal.

En el caso particular de la muerte de Germán Puentes Valero, el fiscal cuestionó que tras recibir el disparo ni siquiera fue auxiliado por los miembros de la Policía, pues fue la misma ciudadanía la que buscó ayuda médica.

También criticó que el patrullero Díaz dijera que esa noche se encontraba en otro punto donde realmente no estaba y manifestara que recibió lesiones con un objeto contundente que en realidad no recibió.

Pese a lo pedido por la defensa de Díaz Mercado para que su caso pase a la Justicia Penal Militar, el juez 42 de control de garantías dijo que este no es el momento para alegar ese conflicto, sino que se debe dar es ante el juez de conocimiento, por lo cual programó para la próxima semana la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento.

La audiencia fue reprogramada para el 28 de enero a las 9 de la mañana.

De otro lado, por los hechos ocurridos cerca del CAI Verbenal, en el norte de Bogotá, será imputado el uniformado Jhon Antonio Gutiérrez Rodríguez.

El mismo uniformado responderá por la muerte de Andrés Felipe Rodriguez Ávila.

A la audiencia contra Gutiérrez Rodríguez se presentó la esposa y el hermano de la víctima Andrés Felipe Rodríguez Ávila, quienes pidieron que se conociera la verdad de lo sucedido con su ser querido.

“Mi ser anhela justicia verdadera y espero que en esta audiencia haya verdad “, dijo Maira Paez esposa dela víctima que tenía 17 años y madre de su hijo.

En la diligencia la defensa del uniformado dijo que el caso debe pasar a la justicia penal militar por tratarse de hechos que se dieron en el marco del servicio.

Igualmente señaló que el día de los hechos se registraron acciones de violencia que no tenían que ver con la protesta pacífica y que el uniformado fue llamado para enfrentar esas acciones que llevaron a la destrucción de sedes de la Policía de la ciudad.

Por esto pidió que el juez no realice la audiencia y las carpetas de la investigación pasen a la Justicia Penal Militar. De no aceptar la petición, el abogado dijo que se elevaría el conflicto de competencias.

La delegada de la Fiscalia, de la Procuraduría y de la victima consideraron que el caso debe seguir en la justicia ordinaria.

“Se desbordó la función policial. Esa función tiene unos límites frente al uso de la fuerza y sobre todo frente al uso de las armas”, señaló el delegado de la Procuraduría.

Y por hechos ocurridos cerca del CAI Aures estaba programada la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio contra José Andrés Lasso Valencia. El uniformado está vinculado a la muerte de Angie Paola Baquero Rojas. Sin embargo esta diligencia fue aplazada para mañana.

La Fiscalía tiene en su poder videos de seguridad, testimonios y dictámenes de peritos que comprometen la responsabilidad de los uniformados en esos hechos no asociados a actos del servicio.