Una red dedicada a vender documentos de identificación colombiana a migrantes de diversas nacionalidades, pero en especial a venezolanos, fue desarticulada por la Fiscalía con la captura de 20 personas en todo el país, entre ellos seis funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría Nacional en el departamento del Atlántico.

La red habría obtenido ganancias de hasta 8.000 millones de pesos en cuatro años por la venta de registros civiles, pasaportes y cédulas de ciudadanía a cubanos, chinos, africanos, paquistaníes y venezolanos por valores que oscilan entre los 350.000 pesos y 1.000.000 millón de pesos.

Entre los capturados están Donaldo Cabrera, registrador de Santa Lucía; Donaldo Rivera Acuña, de Polo Nuevo; Francisco Florián, auxiliar en Santo Tomás, y Moisés Jiménez, exregistrador de Campo de la Cruz. También figuran el auxiliar de Malambo Jesús Zambrano y Raúl Ruíz Escobar, auxiliar de la Registraduría de Barranquilla.

Sobre este último (Ruíz Escobar) se conoció que reside en el corregimiento de Campeche, en jurisdicción de Baranoa, Atlántico y sería uno de los eslabones más importantes de esta organización delincuencial.

Además la Fiscalía sigue la pista a informaciones que apuntan a que este hombre, presuntamente habría cometido algunas acciones de fraude electoral en esa del departamento.

De acuerdo con las investigaciones, estas personas cobraban altas sumas de dinero a los migrantes, sobre todo aquellos en situación de vulnerabilidad, a cambio de tramitarles una identificación colombiana con la que luego ellos podían acceder al sistema de salud y educativo del país, entre otros beneficios.

De hecho, representantes de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla, que brinda acompañamiento a estos extranjeros, contaron a BLU Radio que hace mucho tiempo vienen atendiendo denuncias, en especial de padres, que hablan de irregularidades en la Registraduría.

“Conocimos hace poco el caso de un padre colombiano al que le ofrecieron tramitarle el registro civil para su hijastro venezolano por 350.000 pesos. También está la problemática para pedir citas por la web, ya que la opción casi nunca está habilitada, por lo que los tramitadores son los que se benefician”, denunció Pilín león, representante de la comunidad venezolana en Barranquilla.

En las afueras de las distintas registradurías del Atlántico, el trámite para una cita alcanza los 150.000 pesos.