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Tras la posibilidad de contagio masivo por el Covid-19 en las cárceles del país, la ex-empresaria del chance, Enlice López Romero, mediante una carta pública firmada de su puño y letra, pidió al Gobierno Nacional, exactamente al presidente Duque y a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, decretar la emergencia carcelaria y enviar a muchos reos a pagar sus penas en su domicilio, entre ellos a sus dos hijos privados de la libertad, Jorge Luis Alfonso López, ex alcalde de Magangué y Héctor Julio Alfonso López, ex senador, mientras se supera la propagación del virus.

“Yo, Enilce del Rosario López, empresaria del chance, privada de la libertad y madre de dos hijos igualmente privados de la libertad, postulados y pendientes de ser acogidos por la Justicia Especial para la Paz (JEP), desde mi lecho de enferma he decidido romper mi silencio de varios años para muy respetuosamente formular la siguiente súplica humanitaria a efecto de que se adopten de manera inmediata y urgente las medidas inaplazables de respeto del derecho a la vida y la dignidad humana de todos los privados de la libertad del país, rogando la excarcelación y descongestión del sistema carcelario del país con el fin de evitar una catástrofe humanitaria, no sólo al interior de los centros de reclusión, de sus familiares, de los funcionarios del Inpec y sus seres queridos, sino además de la población colombiana en general, confinada a una cuarentena, que además de ser insuficiente claramente tiende a prolongarse donde la pandemia no distingue entre privados de la libertad y personas libres”, dijo en la misiva.

Agrega que “Delitos de lesa humanidad, extraditables o violadores, sin duda deben corresponder al único límite de tales excarcelaciones para convertirlas en detenciones domiciliarias que derivan de la exigencia reiterada de la Corte Constitucional, reiteradas en días pasados frente a las detenciones preventivas y al hacinamiento como estado de cosas inconstitucional, el cual supera el 50% de la población carcelaria, representada por más de 60 mil personas privadas de la libertad, sin servicios de salud, ni lugar de aislamiento adecuado, no pocos condenados al pico y placa para dormir, sin servicios de sanitario o agua potable, y muchos menos gel o tapabocas, ni el más mínimo derecho a un examen médico ordinario y menos lo relativo a las pruebas del Coronavirus”.

Continúa diciendo que “mucho menos tienen derecho a visitas, aparte de que muchos de los mismos han sido condenados, es decir oídos y vencidos en juicio justo, o habiendo sido condenados no siempre con el pleno respeto de las garantías de la ley, o con la presencia recurrente de falsos testigos, o la instrumentación de la justicia por parte de adversarios políticos o beneficiarios directos de tal condición de postración como en nuestro caso se oponen y por todos los medios quieren silenciarnos y privar al país de la única forma de conocer la verdad vía justicia de la JEP”.

“Como madres desgarrada, no solo frente a la pandemia de injusticias de las que hemos sido víctimas y testigos como no pocos de los privados de la libertad en el país y sus familias, hacer un llamado para que la pandemia que ha dado objeto una emergencia sanitaria, social y económica, y de una emergencia carcelaria (…) implorar que se dé primacía al respeto de la vida y la salud, así como la igualdad como derecho que tenemos los colombianos estemos o no privados de la libertad”.

Por último, recalcó que “Estamos dispuestos a someternos a los controles que se dispongan para verificar el cumplimiento de la privación domiciliaria de la libertad, evitar que miles de privados de la libertad lleguen a copar el sistema de salud, incluso camas y servicios médicos costosos como ‘Ucis’, dispuestos especialmente para quienes se hallan en cuarentena”.