Nuevas pruebas proporcionadas esta vez a la agencia AP vincularían al general Nicacio Martínez con asesinatos de civiles en casos de los llamados falsos positivos.
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Esta vez la evidencia fue proporcionada a la agencia de noticias Associated Press por una persona que se mantiene en el anonimato por temor a represalias y que está relacionada a una investigación en curso sobre las ejecuciones extrajudiciales. En días pasados había sido el New York Times el medio internacional que puso al ejército colombiano en la palestra internacional.

De acuerdo con el artículo que este sábado publica la agencia internacional, titulado “Nueva evidencia vincula al jefe del ejército colombiano con el asesinato de civiles”, lo que se conoció como el escándalo de los falsos positivos ha ensombrecido el historial de victorias en el campo de batalla respaldado por los Estados Unidos y quince años después, ni un solo comandante de alto rango ha sido responsabilizado por los asesinatos.

Según AP, las nuevas pruebas que fueron allegadas a la oficina del fiscal de Colombia muestran que Martínez Espinel, en el año 2005, aprobó al menos siete pagos cuestionables a presuntos informantes.

“Algunas de las recompensas fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identidades no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales encontraron que el verdadero beneficiario era el soldado Oscar Alfonso, quien sería condenado a 40 años por su papel en un tercer asesinato civil no relacionado. Un destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión”, dice AP.

El artículo rescata las duras críticas que hizo Human Rights Watch al presidente Iván Duque con el nombramiento del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, al recordar que fue el segundo al mando de la Décima Brigada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales iniciaron investigaciones sobre 23 asesinatos ilegales.

Además, AP trae a colación en su artículo otra inconsistencia al indicar que “en dos ocasiones Martínez Espinel respondió por información que condujo a los combates que los mismos documentos muestran que tuvieron lugar días después. Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante no identificado y que lleva la firma de Martínez Espinel. El pago se refiere al combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo, tres días después, en el que se informó que un hombre “sin nombre” no identificado murió con una granada y una pistola”.

Esta publicación de Associated Press aparece en momentos en que el general Nicacio Martínez enfrenta una creciente presión para que renuncie a su cargo por las órdenes que impartió a inicios de este año para que las tropas intensificaran los ataques, lo que algunos sectores han advertido como la ruta para que se vuelvan a producir nuevas violaciones a los derechos humanos.