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Dos impactos en la cabeza y otro en el hombro izquierdo acabaron con la vida de Rocío del Pilar Reguillo Avendaño, una mujer de 45 años que permanecía en la mañana de este lunes lunes en la sala de ventas de un lote llamado Villa Elit, en el barrio Villa del Rey del municipio de Soledad.

Testigos dijeron a las autoridades que la víctima permanecía en el interior del local comercial y allí entró un individuo de “camiseta roja” que le disparó en varias oportunidades. Según información policial, el hecho se registró a las 9:51 de la mañana.

Tras el ataque, el sujeto salió a toda velocidad del local y se escapó en una motocicleta de color negro que era conducida por un cómplice.

Sobre Reguillo Avendaño este medio conoció que en junio de 2015 ella había puesto en conocimiento de las autoridades del municipio un supuesto caso de corrupción en la venta de lotes para la construcción de viviendas, en el que  presuntamente estaban involucrados un inspector de Policía de Soledad y un exsecretario de Gobierno del municipio.

En aquel momento, la mujer dijo “temer por su vida” ante unas grabaciones que aportó a la investigación, en las que se escuchaban las voces de los presuntos implicados en el caso.

Los terratenientes. Entre finales de 2015 y abril de 2016 la Fiscalía abrió una investigación contra los dos ex funcionarios de la Alcaldía de Soledad y un abogado por los delitos de concierto para delinquir y extorsión. Las autoridades les atribuyeron a estos sujetos la conformación de la banda ‘Los Terratenientes’.  Dicha investigación se basó en las declaraciones de al menos 10 afectados, entre esas la de Rocío Reguillo, quien además aportó unos audios de unas grabaciones que ella les hizo a los sospechosos durante un encuentro en un centro comercial del sur de la ciudad.

Con las pesquisas, las autoridades establecieron que los individuos aprovecharon supuestamente sus cargos para pedirles dinero a 35 familias, residentes en Villa Las Moras, a cambio de no iniciar un trámite ante las autoridades por supuestos problemas de adjudicación que tenían los predios que ocupaban. “El desalojo sería inminente, si no se pagaba la cuota exigida”, se determinó en las investigaciones preliminares. Pese al pago realizado por las familias a través de recolectas de cuotas semanales, varios afectados declararon a la Fiscalía que fueron expulsados y las viviendas fueron demolidas “en acciones aparentemente legales”. Este medio conoció que la investigación por ese caso sigue abierta.

Las autoridades no entregaron información sobre alguna hipótesis que rodeara la muerte de la mujer.