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En Santa Marta, la paciencia se agotó. Después de las fuertes lluvias asociadas al reciente frente frío, que dejaron más de 400 familias damnificadas, otra emergencia volvió a quedar al desnudo: el colapsado sistema de alcantarillado, con más de diez rebosamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Calles inundadas de aguas residuales, malos olores permanentes y riesgos para la salud pública son hoy el paisaje cotidiano en sectores como Pescaíto, Bastidas, El Rodadero, el Centro Histórico y barrios del sur. Frente a este panorama, un grupo de líderes comunitarios inició una firmatón ciudadana para respaldar una acción de tutela que exija soluciones de fondo.

La iniciativa busca articular en una sola acción judicial las voces de los barrios afectados. La idea es recolectar firmas, fotografías, videos y testimonios que evidencien cómo el rebosamiento de alcantarillas vulnera derechos fundamentales como la salud, el ambiente sano y la dignidad de miles de samarios.

“No se puede normalizar que la gente viva rodeada de aguas negras. Estamos organizándonos legalmente para que una tutela obligue a quienes tienen la competencia a tomar decisiones reales, no pañitos de agua tibia”, señaló Pablo Acuña, uno de los promotores de esta iniciativa.

La acción también pedirá el cumplimiento efectivo de la sentencia T-290 de 2024 de la Corte Constitucional, que ordenó medidas urgentes frente al rebosamiento en el sector de Los Cocos, pero que, según los líderes, no se ha ejecutado a cabalidad y hoy se repite en otros puntos de la ciudad.

“Me uno a esta iniciativa porque ya los samarios estamos cansados de ver nuestras calles hechas ríos de alcantarillas; nuestros niños se enferman y nuestra gente no puede vivir tranquila por los malos olores; es momento de unirnos y exigir solución inmediata”, afirmó Edgardo Vizcaino, edil de la Localidad 1.

En paralelo a la movilización ciudadana, la alcaldía distrital elevó un fuerte pronunciamiento contra la intervención de la Essmar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. El alcalde Carlos Pinedo asegura que, después de más de cuatro años bajo control nacional, la empresa no ha logrado mejorar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y reclama que sea devuelta al Distrito para poder ejecutar soluciones estructurales.