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El caso del abogado Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, el empleado del Tribunal Superior de Barranquilla hallado muerto el pasado 21 de marzo en su apartamento, dio un giro de 180 grados, tras la captura y presentación en audiencia de su esposa, Shirley Hernández Rojas, una agente del CTI adscrita a la Seccional de Patrimonio Económico, a la que ahora la misma Fiscalía señala de haber sido responsable del crimen.

La noche en la que se produjo la muerte, la mujer les aseguró a las autoridades que su esposo, con el que ya llevaba 16 años conviviendo, se había suicidado.

Contó que minutos antes él llegó borracho al apartamento, su hijo mayor le abrió la puerta y notó que hablaba con enojo. Ella, según su testimonio inicial, se acostó a dormir y su esposo se quedó viendo televisión y tomando cerveza en la sala, hasta que su hijo la despertó para avisarle que su papá se había disparado.

Pero esta versión, cinco meses después, ha sido desvirtuada por la Fiscalía, que asegura tener pruebas de que aquello fue un asesinato, pues ni siquiera fue uno, sino tres tiros los que recibió la víctima en la cabeza, el pecho y en un brazo con un revolver calibre 9 milimetros. Como si fuera poco, a la hoy procesada le hallaron rastros de pólvora en sus manos y en la ropa.

“Se evidenciaron multiplicidad de heridas con variabilidad en la distancia de disparo. Es decir, que fueron en diferentes distancias. (…) La lesión que presenta en el antebrazo es de un posible carácter defensivo. (…) Existía ausencia de residuos de disparo en la herida que presentó en la cabeza, osea que fue ocasionada a distancia. Las que presentaba Aldemar en su cuerpo no son características de un patrón suicida atípico. Se plantea la necesidad de considerar una etiología homicida. En otras palabras, esto se traduce a una clasificación médico-legal y forense que se asigna a una muerte violenta cuando esta es provocada de forma intencional”, relató el fiscal.

El abogado, de 52 años, trabajaba como citador de la Sala de Justicia y Paz y, según su esposa, había estado teniendo problemas con algunos postulados, desmovilizados de las AUC. Al parecer ella, como intentando argumentar la teoría del suicidio, aseguró que era tal la preocupación de su esposo, que él no podía dormir y estaba tomando medicamentos psiquiátricos.

“Ella manifiesta desconocer las causas por las cuales su esposo se quitó la vida, que solamente sabe que tenía inconvenientes con los procuradores de justicia y paz, es decir los anteriores integrantes de las AUC. También en el mes de noviembre le movieron el proceso de embargo de alimentos por parte de su anterior familia y debido a eso tenía un insomnio. No podía dormir. Declara que tomaba medicamentos recomendados por psicólogo y psiquiatra y que desde hace un año llevaba tratamiento por medio de Sura”, agregó en la diligencia.

Sin embargo, para la Fiscalía esto es un crimen y por eso ordenó su captura, le imputó cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego; y le solicitó a un juez que la envíe a prisión, al considerarla un peligro para la sociedad. Por su parte, la procesada se negó a los cargos.

La diligencia continuará este jueves, desde las 8:30 de la mañana, con las intervenciones del Ministerio Público y la defensa, acerca de la solicitud de medida de aseguramiento que la Fiscalía quiere hacia la procesada.