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Una denuncia anónima presentada ante organismos de control solicita investigar presuntas irregularidades relacionadas con la intervención y el proceso de contratación del talento humano de la E.S.E. Hospital Universitario del Atlántico (ESE UNA).

El documento pide a la Procuraduría General de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio del Trabajo, Contraloría y, de ser necesario, Fiscalía General de la Nación, verificar posibles irregularidades administrativas, disciplinarias, fiscales y penales.

Entre los principales señalamientos se encuentra la participación de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud (SINTRASIC) en la vinculación de un número considerable de trabajadores de la ESE UNA. La denuncia cuestiona las condiciones de contratación, la demora en el proceso y la presunta falta de claridad para algunos trabajadores sobre su vínculo laboral, remuneración, seguridad social y demás garantías.

También se solicita establecer si la utilización de contratos sindicales podría constituir una eventual forma de intermediación laboral y verificar los criterios utilizados para trasladar servicios y contratos que anteriormente estaban en manos de terceros.

Piden investigar posibles conflictos de interés

La denuncia pone además bajo la lupa al señor Santiago Arboleda Ochoa, a quien relaciona con la actual intervención de la ESE UNA y cuyos antecedentes en la E.S.E. Hospital La María de Medellín son solicitados para ser revisados por las autoridades.

El escrito hace referencia a una actuación disciplinaria de la Procuraduría y a publicaciones periodísticas y denuncias ciudadanas relacionadas con su anterior gestión en Medellín. Los autores de la denuncia piden que estos antecedentes sean contrastados con la situación actual de la ESE UNA para determinar si existe algún patrón o conexión entre los procesos de contratación.

De igual manera, se solicita verificar posibles vínculos económicos, societarios, comerciales, administrativos o familiares entre personas relacionadas con la intervención y representantes de SINTRASIC, así como determinar si existirían comisiones, incentivos o beneficios económicos asociados a la contratación de trabajadores.

También cuestionan contratación de servicios médicos

Otro de los puntos incluidos en la denuncia hace referencia a presuntos sobrecostos en la contratación de servicios de algunas especialidades médicas y a supuestas exigencias económicas a contratistas. Estos señalamientos no son presentados como hechos probados y se solicita a las autoridades verificar documentalmente si ocurrieron y establecer eventuales responsabilidades.

La petición plantea además revisar el manejo de los recursos provenientes del sistema de salud, los contratos celebrados por la ESE UNA y los procesos relacionados con la intervención de la entidad.

Solicitan proteger a los denunciantes

El documento fue presentado bajo reserva de identidad, argumentando temor a posibles represalias laborales o personales. Por ello, se solicita que el trámite sea manejado como denuncia anónima y que se adopten medidas de protección para quienes pudieran aportar información.

Entre las pruebas solicitadas se encuentran los contratos de la ESE UNA, documentos de la intervención, información contractual de SINTRASIC, registros de pagos, nóminas, afiliaciones a seguridad social, estudios previos, informes de interventoría y posibles vínculos societarios entre las personas y organizaciones mencionadas.

La denuncia insiste en que los señalamientos deben ser verificados por las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Su objetivo, según el documento, es esclarecer cualquier posible irregularidad, garantizar la transparencia en la contratación y proteger tanto a los trabajadores como los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud en el Atlántico.