Los directivos, docentes o trabajadores que no apoyaran las órdenes del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre el manejo de la Universidad de Córdoba, terminarían “sirviendo tinto” en las selvas del Nudo de Paramillo.
Esta amenaza aparece en la investigación de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales que acaba de llamar a juicio al exrector de ese centro educativo Claudio Sánchez Parra por el delito de concierto delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley.
En el expediente testigos dan cuenta de una reunión realizada en Santafé de Ralito en Tierralta, Córdoba, el 18 de febrero de 2003 en la que fue sellada la intención de elegir a Sánchez Parra como rector de la Universidad.
Hasta el sitio, rodeado por paramilitares armados y al que llegó en un campero el exjefe de las Auc acompañado de Sánchez Parra -que era para la época rector encargado y aspiraba a ser elegido en propiedad en el cargo-, llegaron los representantes de los sindicatos e integrantes del Consejo Superior de la universidad.
Mancuso, según el expediente, tenía en sus manos las hojas de vida de varios de los aspirantes al cargo y algunos de los directivos del centro educativo citados a la reunión por los paramilitares.
El exrector investigado estaba reemplazando a Víctor Hugo Hernández, elegido en agosto del año 2000 y quien renunció dos años después. Mancuso Gómez reconoció a los investigadores del ente acusador que presionó para que Hernández fuera elegido y que él mismo le pidió la renuncia por no cumplir con todos los compromisos adquiridos con las Autodefensas.
En la investigación consta que desde el año 2000 los paramilitares mandaban en la Universidad y lo empezaron a hacer no solo con el apoyo a Hernández, sino con el asesinato de uno de sus más fuertes competidores para ocupar el cargo, el profesor y líder sindical Hugo Iguarán Cote. Por este crimen Hernández fue condenado en 2010 a 35 años de cárcel.
En el llamado a juicio de Sánchez Parra, conocido por EL TIEMPO, la Fiscalía afirma ese crimen hace parte de una serie de hechos de sangre que “marcaron la incursión paramilitar en la Universidad de Córdoba los cuales no pueden ser desconocidos por la historia del Claustro Universitario”.
De hecho los mismos exparamilitares reconocieron que en el mismo sitio en el que se definió la suerte de la elección del rector se ordenó la muerte de profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad que no apoyaban a las Auc.
En versiones desde su celda en los Estados Unidos, en donde cumple una pena por narcotráfico de 15 años, Mancuso Gómez ha reconoció que conoció a Sánchez Parra y “que le ayudó a solucionar problemas”. También que desde comienzos del 2003 “no hubo una acción militar (en la Universidad), eso lo había pedido el comisionado de paz en nombre del Presidente de la República”.
La Fiscalía señala en el llamado a juicio que si “Salvatore Mancuso impone a Hernández, no iba a llegar a la Rectoría del Claustro Universitario un candidato que él no quisiera, (solo) una persona que colaborara con la causa, pues según su dicho estaba preocupado por las condiciones en que se encontraba la Universidad de Córdoba”.
Pero la reunión en la que Mancuso apoyó a Sánchez Parra no habría sido la única. Testigos hablan de otros encuentros e incluso de parrandas en los campamentos del paramilitar.
“Allá llevaban a todo el mundo, jefes de departamento, decanos de facultades, algunos profesores (…) sé que un diciembre hasta hubo una fiesta allá, hubo festín de directivos, profesores, estudiantes, organizaron una fiesta con whisky”, indicó un testigo.
Y añadió que uno de los decanos de Agronomía puede dar cuenta de la forma cómo fue ‘invitado’ a una reunión: “Un día se le presentó un tipo, le puso el revolver en el escritorio y le dijo ‘Usted ha sido invitado y no ha querido ir’”.
En el proceso el Colectivo de Abogados, que representa a las víctimas, señaló que “está demostrado que (Sánchez) hacía parte de una empresa criminal que cometió muchos delitos y que este ciudadano no solo era integrante de la mencionada organización delincuencial, sino que está sindicado de ser quien señalaba personas para que fueran asesinadas por esa estructura”.
Por su parte la defensa del exrector asegura que él fue citado a la reunión y que era objeto de un juicio “ante las acusaciones de los miembros de los sindicatos”, quienes “perdieron prebendas laborales ilegales” durante su administración.
Igualmente señaló que no hay evidencias para señalar que Sánchez hubiese sido promovido por las Auc, como tampoco que su nombramiento hubiese sido impuesto por esta organización ilegal.
Por lo pronto, en su decisión, la Fiscalía no ordenó la captura del exfuncionario, quien podrá enfrentar en libertad el juicio en su contra.
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