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Con el único objetivo de conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus queridos, las víctimas del conflicto armado en la región Caribe insisten en la pronta vinculación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), del exalcalde de Magangué (Bolívar), Jorge Luis Alfonso López.

Esta vez las víctimas recurrieron a una acción de tutela que presentaron ante el Tribunal para la Paz, contra la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para la Paz, que rechazó la petición inicial presentada por el exmandatario.

La acción pretende tutelar los Derechos Fundamentales a la Verdad, la Paz, el Acceso a la Justicia, al Debido Proceso y la Reparación.

En representación de los accionantes figura Virgilio Rafael Padilla Quintero, defensor de Derechos Humanos actuando en nombre propio, y en calidad de representante legal de la Asociación humanitaria de Bolívar Ashudebol y de más de diez mil víctimas del conflicto armado en el sector del caribe colombiano.

Además, como apoderado judicial actúa Adil Meléndez.

El objetivo de la acción es que “se nos conceda la protección de los derechos constitucionales fundamentales que consideramos vulnerados y/o amenazados por las acciones y/o omisiones de la autoridad pública” y el desconocimiento de la Constitución y la Ley por parte de la accionada, “que indican que la JEP , en conjunto, es la instancia que en el Estado debe garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas, de manera que debe velar por la comparecencia de quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto armado y porque quienes comparezcan ante esta jurisdicción contribuyan de manera efectiva con sus aportes a la verdad plena, a la reparación y la garantía de no repetición”.

Argumentan que en su naturaleza, el Tribunal de justicia transicional de la JEP establece la centralidad de las víctimas, orientándose hacia la consecución de los principios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

“Como tribunal encargado de cerrar el capítulo del conflicto armado interno, la JEP no persigue una justicia reivindicativa, sino que impulsa una justicia restaurativa. Este enfoque promueve la reconstrucción del tejido social mediante medidas de reparación que surgen del reconocimiento de la verdad por parte de los llamados a comparecer y otras medidas dirigidas hacia las víctimas”, recalcan en su petición.

Sostienen que en ningún momento pretenden cuestionar la decisión de la sala, “sino más bien insistir que se amparen los derechos conculcados de las víctimas y de la sociedad colombiana privadas de una verdad histórica, de unos acontecimientos de violencia de los cuales tiene conocimiento Jorge Luis Alfonso López, hechos que pese a ser notoriamente conocidos por las masiva difusión de medios, judicialmente no han sido investigados, lo que supone una evidente vulneración de los derechos que nos asisten a todas las víctimas del conflicto armado.

Cabe recordar que el 2 de mayo de 2018, Jorge Luis Alfonso López presentó solicitud de sometimiento voluntario a la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual fue reiterada el 5 de septiembre de 2018, “aclarando que presentaba su solicitud de sometimiento voluntario en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, en relación con hechos ocurridos durante el periodo en el cual ejerció como Alcalde del municipio de Magangué Bolívar entre los años 2004 a 2007, y en calidad de tercero civil, respecto de hechos ocurridos por fuera del periodo antes referido, es decir, gozando de una doble e incluso una triple condición (teoría de la bisagra), todas de competencia de la JEP”.

Los accionantes señalan que Alfonso López “ha manifestado su voluntad y compromiso de contar la verdad al país de todos los hechos conocidos que generaron muchas víctimas que a la fecha la sociedad no conoce, afirmando de forma contundente que tiene conocimiento de cómo las Fuerzas militares y de Policía, hicieron pactos con grupos al margen de ley para adelantar acciones delictivas contra personas que supuestamente eran guerrilleros o afines a dichos grupos ilegales y que el apoyó de forma directa e indirecta ese accionar delictivo tanto económica como logísticamente, mientras se desempeñaba como Alcalde del municipio de Magangué”.

Aseguran que la JEP hasta el momento “se ha limitado a impedir el ingreso a la Jurisdicción de una persona, de una familia que todo el país sabe, pues es de público conocimiento que tanto la señora Enilse López (QEPD) como sus hijos tenían relación con grupos paramilitares y con políticos hoy condenados por parapolítica. Lo anterior nos indica que son portadores de información importante y sumamente relevante para esclarecer hechos de interés de un grupo importante de víctimas del conflicto, algunas de ellas ya reconocidas en dicha calidad ante la JEP y otras que a la fecha no han recibido el llamado para hacerse parte dentro de los diferentes macro casos aperturados y priorizados por la Jurisdicción Especial para la Paz a través de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y de la sección de Apelaciones”.

En concreto, puntualizan, “vislumbramos las mesas regionales de víctimas del Caribe la intención, voluntad y oferta de verdad ofrecida por Jorge Luis Alfonso López, quien hizo referencia a violaciones a los derechos humanos acaecidos en los sectores de los Montes de María, la llanura aluvial de Depresión Momposina, la masacre del municipio del Salado, la muerte en manos de miembros del Ejército Nacional del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, de Yamil Kasser Alí por ser señalado de financiador de la guerrilla, de Oswaldo Borja por las mismas razones, Edgar Carrasquilla, entre muchos más, el planeamiento de fuga de presos para continuar con sus actividades delictivas en las filas de los grupos armados en cooperaciones con las instituciones.

También, muerte a dirigentes miembros de la UP, asesinatos selectivos de personas señaladas como colaboradores de la guerrilla, líderes sociales, sindicales, colaboradores del EPL, ELN y FARC en diferentes departamentos como Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico, así como de líderes comunales de las ocupaciones irregulares de predios, asesinatos de miembros del DAS para el año 2002, financiación económica para operar en contra de la subversión, creación del grupo Frente Social para la Paz por figuras políticas y servidores públicos que en conexión con grupos armados, el Ejército Nacional y la Policía se pretendía erradicar los grupos rebeldes”.

Finalmente indican que todo lo anterior “indica la cantidad de víctimas considerables que pueden estar accediendo con dicha información a la verdad, a quienes se les podría estar garantizando por parte de la JEP sus derechos a la verdad, la reparación, el acceso a la justicia y a las garantías de no repetición, pues a todas luces se evidencian hechos de gran impacto nacional que merecen ser conocidos por la sociedad en general”.