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La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres presuntos integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de artefactos explosivos entre Ecuador y Colombia.

La investigación se inició tras detectar el ingreso ilegal de clorato de potasio, un químico de alto riesgo empleado en la elaboración de explosivos, que era transportado desde territorio ecuatoriano hacia diferentes regiones del país. Como resultado de las indagaciones, la Fiscalía General de la Nación identificó a Sonia Patricia Prado, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak como presuntos responsables de esta actividad ilícita.

Según el ente acusador, durante los años 2024 y 2025, Prado y Marcial habrían facilitado el ingreso del clorato de potasio, el cual era camuflado en cargamentos de abono para cultivos agrícolas y en encomiendas, con el propósito de evadir los controles de las autoridades. En tanto, Usamak Vásquez, quien laboraba en una empresa de envíos y correspondencia, sería el encargado de la logística del transporte, coordinando al menos 20 despachos del material ilegal.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados cargos por fabricación, tráfico y porte de explosivos y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas. Aunque los señalados no aceptaron los cargos, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Con estas capturas, ya son 29 los integrantes judicializados de esta red criminal, y las autoridades han logrado la incautación de más de siete toneladas de material explosivo, en lo que se considera uno de los golpes más contundentes contra el tráfico ilegal de insumos para explosivos en la región.