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El fiscal estatal informó este lunes que el cadáver del periodista  Salvador  Adame fue encontrado el 14 de junio por agentes de la policía y el ejército mexicano en un lugar conocido como Barranca del Diablo, sobre la carretera que une los pueblos de Lombardía y Nueva Italia, precisó el fiscal de Michoacán, José Martín Godoy, en una conferencia de prensa.

“Las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien en vida se llamó Salvador Adame“, precisó Godoy.

Adame, propietario de un canal de televisión local, había sido secuestrado el 19 de mayo en Nueva Italia, en el centro de Michoacán, una de las regiones más golpeadas por la violencia ligada al crimen organizado.

El secuestro de Adame ocurrió dos días después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se comprometiera a fortalecer los mecanismos para garantizar la seguridad de los periodistas y a combatir la impunidad, como respuesta al asesinato de Javier Valdez, un reputado reportero cuya muerte ha sido condenada dentro y fuera del país.

No hay otro país en el mundo que tenga tantos periodistas desaparecidos como México: 24 según la ONG defensora de periodistas Artículo 19. Incluso, Naciones Unidas ha alertado que son un grupo “de particular vulnerabilidad en relación con el fenómeno de la desaparición forzada”.

La mayoría de reporteros ausentes tiene además un denominador común: escribían sobre temas de corrupción y violencia relacionados con funcionarios y el crimen organizado.

Más de 100 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, en una tendencia que creció tras la ofensiva militar que el gobierno mexicano inició hace 10 años contra el narcotráfico y que atizó la violencia en varias regiones del país.

Tortura emocional perpetua 

En la mayoría de casos, las autoridades se resisten a considerar el trabajo periodístico como probable causa principal de las agresiones y el caso de Adame no fue la excepción. La fiscalía michoacana calificó su desaparición primero como un secuestro por asuntos de faldas y deudas económicas.

En México, además, las leyes establecen que deben pasar 72 horas para establecer una denuncia formal por desaparición.

“Hay una lentitud espantosa para buscarlos, hay una falta de voluntad absoluta y una burocracia que aplican en estos casos”, comentó a la agencia  AFP Balbina Flores, corresponsal de la ONG Reporteros Sin Fronteras.

“Si en el 95% de las investigaciones de periodistas asesinados no ha habido resultados, en el caso de los periodistas desaparecidos es del 100%”, denunció Flores.

La activista resalta que países como Argentina, durante su dictadura, y Guatemala, en sus época de guerra, registraron más desapariciones de periodistas.

“Pero ningún otro país que vive en democracia tiene tantos como México”, destacó Flores, para quien tal situación responde a “una mezcla” de altos niveles de corrupción y gran poder del crimen organizado.

En un informe del año pasado, Artículo 19 consideró este crimen como una forma de tortura emocional perpetua para los familiares. La esposa de Adame sufrió recientemente un paro cardíaco.

El primer caso de desaparición fue el de Jesús Mejía Lechuga el 10 de junio de 2003, quien trabajaba para MS-Noticias en el estado de Veracruz, el más letal de México para el gremio. Desde entonces y hasta 2014 un promedio de dos periodistas desaparecieron por año, según cifras de Artículo 19.

Rechazo a medidas de prevención 

En 2010 se creó una fiscalía especial para crímenes contra periodistas. Dos años después nació el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Secretaría de Gobernación (Interior), que opera con presupuesto y personal limitados.

El mecanismo, que gasta unos 890.000 dólares mensuales, protege actualmente a 208 periodistas y 348 defensores con medidas que van desde escoltas y automóviles blindados hasta botones de pánico. Pero periodistas en riesgo consultados por la AFP las han rechazado.

Los comunicadores desconfían de la policía, cuyos agentes fungen como escolta, ya que reducen su libertad de movimiento y “de todos modos no te garantizan gran cosa”, explicó Patricia Monreal, periodista y vocera del gremio en Michoacán.