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La continuidad en el Congreso del senador liberal del Atlántico Álvaro Ashton entró en el terreno de las dificultades. A pesar de que lleva 19 años en el Legislativo, por estos días está en el ojo del huracán con cinco procesos en contra en la Corte Suprema de Justicia, algunos con apertura formal y otros en averiguación, pero todos de extrema gravedad: el cartel de la toga, Odebrecht, la Dirección Nacional de Estupefacientes, parapolítica y, de este último, una pesquisa por presuntos hechos asociados a delitos sexuales.

Paradójicamente, Ashton se define como “liberal por genética”. Llegó en 2002 al Senado con la votación más alta de su departamento: 73.542 votos. Antes de entrar al Congreso, de la mano del senador José Name Terán, se desempeñó como rector de la Universidad del Atlántico. En su hoja de vida exalta que, antes de convertirse en dirigente político y en sus tiempos de estudiante, fue galardonado con el premio Mejor Bachiller Coltejer, por sus estudios en el Colegio Oriental de Santo Tomás.

Sin embargo, de esos pasos ya queda poco. Además de que por estos días su nombre suena permanentemente en los referidos escándalos, ayer trascendió un hecho que, de ratificar su responsabilidad, agravaría su situación jurídica y personal. Todo porque en las averiguaciones de sus conexiones con la parapolítica surgieron audios que podrían comprometerlo con delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, lo que en términos judiciales se traduce en delitos sexuales.

Asthon deberá explicarles a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el presunto ingreso clandestino de menores de 14 años a hoteles que él frecuentaba en Barranquilla. Las pruebas se encuentran en una serie de interceptaciones que el alto tribunal ordenó en 2013 contra el senador, en desarrollo del proceso penal que se le abrió por sus presuntos nexos con la parapolítica. Además de 94.000 llamadas en las que quedó registrado el poder que Ashton tenía en el Atlántico, el rastreo judicial dejó al descubierto detalles de su vida íntima.

En dichas interceptaciones se detectó una conversación del 15 de agosto de 2014, en la cual el congresista habló con Jesús Madero, un empleado del hotel Prado de Barranquilla, con el propósito de ingresar menores de edad al hotel. No obstante, del diálogo se infiere que varias de las niñas citadas no pudieron ingresar a la habitación que había reservado el parlamentario. No quedó claro si eso venía ocurriendo en otras ocasiones en otros hoteles de la ciudad.

Ante la gravedad de los hechos, la Sala Penal optó por promover una ruptura procesal y abrió una investigación nueva en contra del senador Ashton, que fue notificada en días pasados. “No hay evidencia para decir que es un acto de menores. Se menciona palabras pero una palabra no es una prueba”, señalaron fuentes del Alto Tribunal.También se ordenó una diligencia de inspección judicial al referido hotel. Según versión del Canal Caracol, el empleado Jesús Madero, interlocutor del senador en la comunicación interceptada, ya fue interrogado en dos ocasiones por los investigadores y reconoció que habló con el congresista, pero negó que tuviera que ver con delitos sexuales.

El legislador les salió al paso a las acusaciones asegurando que no recordaba esa conversación y negó toda conducta ilegal con menores de edad. “Lo que puedo decir es que jamás he tenido, ni hay evidencia, ni hace parte de mi convicción ética, actuar al margen de la ley, y menos en este tipo de actuaciones”. Preguntado por Blu Radio sobre si suele tener sexo con menores de edad, el senador Ashton contestó: “Jamás, nunca. Soy una persona dentro de valores éticos y morales y conozco la ley. Soy incapaz de acceder o actuar en esa conducta”.

Su abogado Isnardo Gómez Urquijo, afirmó que todo se trataría de una confusión. “Había dos personas registrándose que lo estaban buscando, el empleado del hotel lo llama y dice no las puedo registrar porque hay una menor de edad y él dice, pues no las registre y se acabó el problema”.

Los otros procesos

Ashton sigue teniendo un proceso abierto por parapolítica. Esa investigación se inició en 2012, luego de que Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Mario Rafael Marenco, el Gordo, lo señalaron de tener nexos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operaba en el departamento del Atlántico. Los testimonios sostienen que Ashton hizo parte del Plan Caribe, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, a través del exalcalde de Barranquilla Guillermo Hoenisgberg, para apoyar candidatos al Congreso.

En el caso del cartel de la toga, se indaga si pagó $600 millones al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para sepultar precisamente la investigación antes mencionada. Por el mismo caso se adelanta contra Ashton un proceso disciplinario en la Procuraduría. En su contra pesa la evidencia de que, cuando el hoy detenido exmagistrado Francisco Ricaurte estuvo en la Judicatura, fue el senador que más lo visitó en su despacho. Al menos cinco veces entre noviembre de 2012 y noviembre de 2014, como lo detalló El Espectador el pasado 16 de septiembre.

El último proceso en su contra tiene que ver con el escándalo de Odebrecht, luego de que la Fiscalía pidiera a la Corte Suprema indagar, junto con la suya, la conducta de los congresistas Armando Benedetti, Musa Besaile, Sandra Villadiego, Alfredo Ape Cuello Baute y Martín Morales, como supuestos receptores de sobornos de la multinacional brasileña. El ente investigador aseguró que fueron conocidos como el “grupo buldócer”, pues tenían la función de tumbar desde el Congreso cualquier obstáculo para sus intereses.