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la Contraloría General de la Nación por fin dio a conocer los primeros resultados del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena, firmado entre el Distrito y la Concesión Vial S.A., que opera hoy los peaje de Bazurto, Ceballos, La Heroica y Corralito de Piedra.

El órgano de control, después de declarar el proceso de impacto nacional en agosto de 2019 y de visitar en febrero del 2020 las oficinas de Edurbe, Valorización y la Concesión Vial con un equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, encontró que la Tasa Interna de Retorno (TIR), pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario por las obras realizadas, se habría alcanzado en 2015.

Un hecho que desde hace años venía denunciando el Comité Antipeajes, la Red de Veeduría a la Rama Judicial (Vejuca) y el grupo de ciudadanos significativos, quienes mantenían su inconformidad con el manejo que se le venía dando a los peajes internos en la ciudad.

Las irregularidades

La Contraloría detalló que en los soportes del contrato de concesión entregados por la Alcaldía, el departamento administrativo de Valorización, así como los informes rendidos por la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe), en desarrollo del contrato interadministrativo de supervisión o interventoría de la Concesión Vial, no se evidenció una relación pormenorizada de los costos y gastos ni mucho menos un análisis sobre la pertinencia y relación de causalidad con las obras y la operación de la concesión.

Tampoco se halló un análisis sobre la veracidad ni razonabilidad desde el punto de vista económico y de eficiencia, atendiendo precios unitarios de mercado.

“No se encuentran verificados ni analizados los costos y gastos incurridos en las obras y la operación de la concesión tanto por Edurbe como supervisor o interventor ni por las entidades que representan y deben velar por los intereses patrimoniales del Distrito como entidad concedente y que podrían estar impactando el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada”, explicó la Contraloría. (Lea aquí: Peajes en Cartagena tendrían que continuar hasta 2021 según Concesión Vial)

El órgano de control consideró que “con los medios de prueba recaudados es posible establecer indicios serios de que dicho control de costos no se habría realizado a cabalidad por la entidad concedente, ni la entidad titular de la valorización ni por la sociedad contratista encargada de la interventoría en la fase de operación de la concesión y respecto de las obras adicionales o complementarias por parte de quienes gerencian dicha entidad del orden departamental contratada para tal efecto por el Distrito ni por los subgerentes técnicos que tenían la función más específica de dirigir las interventorías contratadas con Edurbe, como esta concesión”.

Tras este panorama, la Contraloría General de la República calculó en más de $300 mil millones de pesos el daño patrimonial generado por las irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de concesión de peajes.