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A medida que se acerca el fin del periodo legislativo ordinario del Congreso, época en la que los legisladores entran en una maratón para aprobar los proyectos que se les habían quedado represados, se han empezado a conocer iniciativas claves que, de manera desapercibida, se han ido hundiendo.

Uno de los proyectos que definitivamente quedó archivado es el que buscaba que el receso legislativo pase de cuatro a dos meses, lo que implicaba reducir a la mitad las vacaciones de los congresistas.

De acuerdo con Gabriel Santos, autor de la iniciativa, se pretendía que el primer período de sesiones comenzara el 20 de julio y terminara el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarcara desde el 16 de enero y concluyera el 20 de junio. Así, habría un periodo de sesiones más extenso, lo que hubiese permitido una discusión parlamentaria más productiva.

Para el congresista es “absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”.

Como lo expresó el propio representante Santos, esta reforma constitucional se hundió “por falta de discusión”. Es decir, no alcanzaron los tiempos para que pudiera superar los debates requeridos, a pesar de que fue radicado desde agosto de este año.

Este tipo de modificaciones de la Constitución requieren prioridad y voluntad política, pues deben superar cuatro debates en cada periodo legislativo. Es decir, que este proyecto debía ser aprobado en cuatro debates antes del 16 de diciembre para continuar con vida en el Congreso. Pero ello no se logró.

Un hecho que hizo más difícil el avance de este proyecto es la pandemia del covid-19. Por tratarse de reformas constitucionales, y según el mandato de la Corte Constitucional, estas deben ser discutidas de manera presencial, pero el covid-19 provocó que la Plenaria de la Cámara tuviera que sesionar la mayor parte del tiempo de manera remota o semipresencial.

De hecho, en la semana que la Plenaria sesionó de manera presencial para aprobar reformas constitucionales, se tuvo que suspender las sesiones debido a que hubo un contagio masivo de funcionarios y congresistas.

También conspiró contra esta reforma el hecho de que el Gobierno haya dado prioridad y enviado mensaje de urgencia a otras iniciativas igualmente claves para la reactivación económica, como la ley de emprendimiento, la ley de turismo y la llamada ley de vacunas, así como la reforma del código electoral.

Igual suerte corrió, como ya lo había informado este diario, la propuesta que congelaba el salario de los congresistas.

Las razones para recortar las vacaciones

Santos explicó que es necesario ampliar los periodos legislativos por cinco factores puntuales:

1. Durante la legislatura 2018-2019, el 65 por ciento de los proyectos radicados fueron archivados por términos y tan solo el 9 por ciento cumplió con todos los trámites para su aprobación.

2. Los colombianos no cuentan con la posibilidad de realizar control político por medio del Congreso de la República sobre la gestión de asuntos de interés nacional durante cuatro meses, un tercio del año.

3. Resulta fundamental favorecer el avance de las investigaciones respecto de los altos funcionarios cobijados por fuero especial en materia penal.

4. La ampliación del tiempo de sesiones favorecerá la legitimidad social del Congreso de la República y fortalecerá su presencia en los principales espacios de actividad democrática.

5. En el curso de las últimas 12 legislaturas, se convocaron 12 sesiones extraordinarias, lo cual representa un costo extra para los contribuyentes.