La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Gobernación de Bolívar suspender la licitación pública para la realización de las jornadas de acción integral para el desarrollo, organizadas por las Fuerzas Armadas, por valor de $1.419.700.500.
La petición del Ministerio Público se da en desarrollo de la revisión que se adelanta por las presuntas irregularidades en los procesos de contratación de la entidad departamental iniciados entre el 2016-2019, que posiblemente pueden vulnerar el ordenamiento jurídico y afectar al patrimonio público.
Encontró la Procuraduría que, por ejemplo, frente a la fuente de financiación del proceso hay contradicción en la información registrada. Mientras los estudios previos y los pliegos de condiciones mencionan tres proyectos de inversión, en el Plan de Adquisiciones se precisa como fuente de recursos una “contribución especial”.
Para el Ministerio Público “el proceso de selección sólo puede adelantarse cuando todos los factores jurídicos, económicos, técnicos y financieros, se encuentran alienados con las necesidades de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación de los bienes o servicios, y por consiguiente, que el mismo se desarrolle en debida forma”.
Al revisar los componentes del proceso el ente de control evidenció que están sobredimensionadas actividades como la manutención, prevista para 200 días, lo que implicaba haber iniciado el contrato en junio; o el alquiler de un vehículo por 10 meses, pese a que la adjudicación estaba prevista para el 21 de octubre.
Así mismo, se encontró la inclusión de elementos que no tienen relación con el objeto del contrato como entrega de regalos, suministro de mercados, y materiales para la construcción como poli sombra, pintura, thinner, entre otros.
Frente a la contratación en el departamento, la Procuraduría adelanta una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación de Bolívar.
