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Se detecta rezago de las inversiones de infraestructura y en mantenimiento; recursos que fueron transferidos al FONADE y no han generado mayores cupos; un 88% de las instalaciones carcelarias tienen obsolescencia; subsisten dificultades en el suministro de medicamentos a la población intramural. No aumenta la construcción de nuevos cupos, no se ha renovado la infraestructura carcelaria y los procesos de resocialización son poco efectivos. Las instalaciones donde se preparan las comidas, siguen siendo inadecuadas y los servicios de salud deficientes.

La CGR entregó a la Corte Constitucional el tercer informe de seguimiento a las sentencias que declararon el Estado de Cosas Inconstitucional en materia Penitenciaria y Carcelaria.

La conclusión es que persisten varias de las situaciones por las que el alto tribunal efectuó la declaratoria, entre los que se cuentan:

· Lento avance en la construcción y puesta al servicio de nuevos cupos carcelarios.
· Persiste la obsolescencia de la infraestructura carcelaria en servicio.
· Incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad.
· Procesos de resocialización poco efectivos.
· Inadecuadas instalaciones para conservación y preparación de alimentos.
· Deficiente acceso a atención de salud y a servicios públicos.

No aumentan construcción de nuevos cupos carcelarios

Aunque el INPEC reporta una disminución de 7 puntos en el hacinamiento carcelario, en el período de julio de 2016 a mayo de 2018 (al pasar de 54.6% al 47.8%), este resultado positivo se ve afectado negativamente por el escaso dinamismo de la construcción de nuevos cupos carcelarios.

De acuerdo con la información suministrada por el INPEC para el período de julio de 2016 a mayo de 2018[1], la población intramural se redujo en 3,631 personas (-3.0%) mientras que la extramural aumentó en 10,438 (19.4%). De otra parte, la capacidad carcelaria neta[2] se incrementó en 1,117 cupos (1.4%). En consecuencia, el hacinamiento se redujo en cerca de 7 puntos, pasando del 54.6% al 47.8% (-6.8%)

¿Y los nuevos cupos?

Este resultado positivo se ve afectado negativamente por el escaso dinamismo de la construcción de nuevos cupos carcelarios.

De los 1,839 cupos dados al servicio en el período, sólo 768 fueron nuevos. Ello quiere decir que los 1,101 restantes fueron habilitados, refaccionados o acondicionados en pabellones preexistentes, que en un 88% presentan obsolescencia y carecen de los espacios necesarios para el desarrollo de programas de resocialización.

A julio de 2018, de seis pabellones contratados en virtud de la emergencia carcelaria decretada en 2013, solo un pabellón fue puesto en servicio.

Persisten además las deficiencias en equipamiento de baterías sanitarias y espacios para pernoctar.

No se ha renovado la infraestructura carcelaria

La situación antes descrita deja en evidencia la ausencia de nuevos establecimientos desde la década anterior, lo que implica que la renovación de la Infraestructura Carcelaria no se ha dado y, por ende, continúa el incumplimiento sistemático de las condiciones mínimas de habitabilidad.

La obsolescencia de la infraestructura actual, impide la separación entre población sindicada y condenada, tal como se logró evidenciar el 18 de los 22 establecimientos visitados.

$33.439 millones para sufragar costos de intermediación

A la deficiente capacidad de ejecución en materia de construcción de nuevos cupos y de mantenimientos de la infraestructura existente, que se refleja en la puesta en servicio de solo uno de seis nuevos pabellones contratados en virtud de la emergencia carcelaria decretada en 2013 (EPMSC Espinal), se suma la decisión de la USPEC de comprometer el presupuesto de inversión de 4 vigencias fiscales en un contrato interadministrativo con FONADE.

El objeto del contrato fue ejecutar proyectos de construcción, mantenimiento y dotación por más de $430.000 millones de 2016, lo que implicó la destinación de recursos para sufragar costos de intermediación por $ 33.439 millones (adicionalmente, los rendimientos financieros también hacen parte de las ganancias de FONADE).

Tal circunstancia, además de consumir recursos necesarios para mejorar las condiciones de la infraestructura actual, implicó la paralización en la provisión de soluciones de mantenimiento, llevando a que no se ejecutaran recursos para tal fin durante las vigencias 2016 y 2017 y a la ausencia de nuevos cupos.

Las pruebas realizadas determinaron la existencia de contratos de mantenimiento para intervenir infraestructura de los establecimientos en Bucaramanga, Anserma y Pereira. Los restantes establecimientos reportan como última intervención trabajos ejecutados en desarrollo de contratos de 2015.

Algunas actividades fueron contratadas en los últimos dos años, para atender problemáticas específicas que han surgido en cumplimiento de acciones judiciales, como los casos de la Cárcel Modelo Bogotá y la renovación del área de duchas y baterías sanitarias del reclusorio de mujeres, así como del rancho de preparación de comidas de la cárcel El Cunduy, en Florencia (Caquetá), las cuales se adelantaron en cumplimento de la sentencia T-762 de 2015 de la Corte Constitucional.

En materia de aseo y saneamiento básico, se evidenció que la mayoría de establecimientos visitados no cuentan con baterías sanitarias y duchas suficientes para la cantidad de usuarios, o teniéndolas, las mismas se encuentran en precarias condiciones o fuera de servicio.

Los procesos de resocialización son poco efectivos

Es notoria también la poca efectividad de los procesos de resocialización, lo que se ve reflejado en la Tasa de Reincidencia, que en el período 2016-2018 pasó del 16.7% al 18.3% comparando la población condenada reincidente con el total de condenados intramurales, en detención domiciliaria y vigilancia electrónica.

La cobertura de la resocialización no alcanza el 100% del total de la población intramural.
Muchos de los establecimientos carcelarios no cuentan con espacios suficientes y adecuados para el desarrollo de estas actividades.

Como resultado de las visitas efectuadas por los auditores de la Contraloría, se evidenció que en la mayoría de los establecimientos visitados no se cuenta con las herramientas, equipos y programas de capacitación para el proceso de aprendizaje, ni con espacios suficientes y adecuados para su desarrollo, pues son los internos quienes deben conseguir los materiales, adquirir las herramientas y suplir las necesidades de capacitación.

Así mismo, en los casos donde se evidenció la existencia de procesos industriales, se constató que tales procesos siguen siendo artesanales, manuales, poco tecnificados, con deficientes técnicas de comercialización, y no cuentan con espacios suficientes y adecuados para su desarrollo.

Teniendo en cuenta que uno de los pilares de la resocialización es la integración familiar, se indagó acerca de la disponibilidad de espacios destinados para atender visitas conyugales, confirmándose la ausencia de los mismos en 15 de los 22 establecimientos visitados.

Esta situación lleva a que las visitas sean atendidas en espacios inadecuados como áreas con otros propósitos (por ejemplo, la sala de recepción de internos en Barrancabermeja), áreas comunes o en las propias celdas. Solo los establecimientos de reciente construcción cuentan con esta infraestructura.

Las anteriores circunstancias llevan a la CGR a concluir sobre la imposibilidad actual de garantizar el fin resocializador de la pena, que conforme con la Jurisprudencia Constitucional, es el único de los fines constitucionalmente aceptables de las medidas privativas de la libertad.

Alimentación: mayores costos e
instalaciones de preparación inadecuadas

La decisión de la USPEC de escoger a los contratistas de alimentación a la población privada de la libertad a través del mecanismo de bolsa, incrementó los costos de transacción para la adquisición de este servicio, en favor de actores privados (Bolsa y corredores).

El valor pagado por concepto de comisiones, registro y garantías en Bolsa ascendió a $4.143 millones (Alimentación 2016-2017).

Los mecanismos propios de este tipo de negociación, diluyen las labores de supervisión propias de la entidad contratante, en diferentes actores participantes tales como los comisionistas de bolsa de las partes compradora y vendedora.[3]

En las visitas efectuadas se encontró que en 10 de los 22 establecimientos carcelarios visitados la infraestructura de las instalaciones donde se preparan los alimentos estaba en mal estado, con presencia de humedad en paredes, zonas del suelo donde se presenta empozamiento de agua y desgaste, lo que demanda reparaciones y mantenimientos.

En 8 de 22 establecimientos se encontró humedad en las instalaciones de almacenamiento de alimentación.

Se advirtieron también debilidades en infraestructura para almacenamiento de insumos, para preparación de alimentos y de comedores o sitios aptos para el consumo de los alimentos.

Deficiente servicio de salud

Persisten las deficiencias en atención de segundo nivel en establecimientos que no se encuentran en capitales de departamento, deficiencias en la proveeduría de medicamentos respecto a cantidad y tipo de medicamentos.

Los internos deben suministrar insumos para las curaciones y tratamientos que les reciben.
Se evidencian grandes obstáculos para que los internos asistan a citas o procedimientos extramurales, por ausencia de medios de movilidad o de guardia penitenciaria que realice los acompañamientos.

En las visitas se pudo establecer la existencia y funcionamiento de la unidad de atención básica y de urgencias en todos los establecimientos visitados, pero en la mayoría no cumplen con condiciones de higiene, pues son construcciones viejas que tienen humedades que generan mohos y no se les ha intervenido para mitigar dicho riesgo. Tampoco cuentan con espacio óptimo que permita atender más de una emergencia simultáneamente.

En los establecimientos que cuentan con equipo biomédico, no se les realiza mantenimiento preventivo y el correctivo implica que no se cuente con ellos por largos periodos, lo cual impacta la calidad y continuidad en la prestación del servicio de salud. En algunos establecimientos no existe un local específico para farmacia, ni personal especializado en dispensación.

Servicios públicos

En algunos establecimientos, el suministro de agua se garantiza mediante bidones o canecas; en otros, el suministro se encuentra limitado a honorarios que no permite su adecuado uso.
Se han detectado problemas con la potabilidad del agua y con la contravención de normas ambientales en materia de disposición de aguas servidas.

El 19% de las cárceles visitadas por la CGR no aseguran el mínimo vital de 15 litros de agua por interno y el almacenamiento del vital líquido no supera las 24 horas.
Sistemas de vigilancia electrónica

Entre julio de 2016 y mayo de 2018, la población extramural aumentó un 19.4% (10.438 presos).
La CGR ha requerido al Gobierno Nacional en relación con la reglamentación del artículo 27 de la Ley 1709 de 2014, que dispuso que el costo del brazalete electrónico, será sufragado por el beneficiario de acuerdo a su capacidad económica, salvo que se demuestre fundamentalmente que el beneficiario carece de los medios necesarios para costearla, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta sobre la puesta en marcha de esta disposición

Vertimientos de aguas residuales en Cárcel de Valledupar

Se detectaron serias deficiencias en la Cárcel de Valledupar “La Tramacúa”, pues el centro penitenciario no tiene en cuenta el mantenimiento periódico que ordena el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y las descargas se realizan a cielo abierto sin que exista un sistema de tratamiento para estos vertimientos.

Esta situación pone en riesgo la salud tanto de los internos como del personal que labora al interior del centro penitenciario.

Política Criminal y Penitenciaria

Finalmente, dentro del mandato de Juez Constitucional, la Contraloría evaluó el informe de seguimiento presentado por el Gobierno Nacional, donde se da cuenta sobre la evaluación que efectúa el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria a los proyectos de Ley que modifican el régimen penal o penitenciario.

La conclusión en esta materia es que mientras la iniciativa legislativa no se encuentre supeditada a un concepto vinculante de este Consejo Superior, los esfuerzos legislativos para articular el tratamiento a determinadas conductas o fenómenos sociales serán inocuos, ante la posibilidad de poder tramitar leyes que crean nuevas conductas punibles o agravan las penas con impacto directo en los subrogados.