Primero Noticias

Tras una semana de silencio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano se pronunció en relación con los hechos de la Asamblea Nacional (AN). En la tarde de este lunes, ordenó a los diputados “que dicen integrar” la nueva junta directiva –según se lee en la notificación– remitir un informe sobre el cuestionado acto de instalación y aprobación, del pasado 5 de enero.

Se refieren al grupo encabezado por el parlamentario Luis Parra, expulsado de la oposición en diciembre de 2019 por presuntos hechos de corrupción.

“Hay un distanciamiento claro (del chavismo con Parra)”, asegura el analista político venezolano Oswaldo Ramírez, director de la firma ORC Consultores, al ser consultado por este diario sobre el significado de esta nueva jugada del régimen de Maduro.

“Están tratando de ver cómo resolver un asunto que no les resultaba la jugada perfecta en el mundo internacional, que es un poco lo que ellos aspiraban del reconocimiento internacional de la directiva de Parra”, acota.

El pasado 5 de enero, tras dificultar el acceso al Parlamento de los diputados de oposición, e impedir el ingreso a muchos de ellos, incluido el presidente encargado Juan Guaidó, Parra tomó juramento como presidente del Parlamento en medio de irregularidades. Desde la oposición se ha denunciado reiteradamente que su sesión no contó con el quórum necesario de 84 diputados, y mucho menos con los votos.

De acuerdo con la orden de notificación que emitió el TSJ chavista este lunes, ahora la junta directiva de Parra -la denominada “ilegítima”- deberá consignar ante el TSJ, en un lapso de cinco días hábiles, las pruebas que tanto se le solicitaron la semana pasada y él no entregó, alegando diferentes excusas, hasta que el domingo aseguró que se las habían robado.

La votación de Guaidó, que luego de que se le impidiera el acceso a la oposición al Parlamento se realizó en la sede del diario ‘ El Nacional’, en Caracas, no solo se hizo de manera nominal y fue transmitida en vivo a través de las redes sociales, sino que tuvo como testigos a miembros de la prensa y a representantes diplomáticos.

Además, Guaidó difundió las listas que demostraban que, efectivamente, obtuvo 100 votos de los 167 posibles. Esto sin contar los de opositores presos o en el exilio.

Sin embargo, como apunta Ramírez, muchos de estos votos que recibió Guaidó en la tarde del 5 de enero -como los de los diputados Henry Ramos Allup o Juan Pablo Guanipa- no serían reconocidos por el TSJ por haber sido inhabilitados previamente por ellos, en el supuesto de que llegasen a solicitar las listas a la junta directiva legítima, como parecen asomar en el último párrafo de la notificación a Parra y compañía, en el que se declararon competentes para conocer una acción de amparo interpuesta previamente para determinar cuál es la verdadera junta directiva.Sin embargo, según sus cálculos, el TSJ reconocería al menos 86 votos, dos más de los que requería Guaidó o cualquier otro para ser juramentado.

Ahora, dependiendo de si piden también la lista a Guaidó, Ramírez vislumbra cuatro caminos: que el TSJ ordene repetir la elección de la AN, de manera nominal; que pida a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que decida quién tiene la mayoría; que exhorten a que vuelva la primera directiva de la oposición en esta legislatura, la del año 2016, encabezada por Ramos Allup; o que haya silencio administrativo.

La notificación del TSJ no fue la única mala noticia que recibió la junta directiva de Parra este lunes. Más temprano, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que había agregado a sus integrantes a la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).