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Se conoció que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico profirió pliego de cargos contra la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, por concederle en dos ocasiones el beneficio de libertad condicional al empresario Emilio Tapia, condenado por corrupción.

A la togada le profirieron cuatro cargos por los delitos de prevaricato por acción y omisión, concretados en la posible incursión de falta gravísima, a título de dolo.

Recordemos que Tapia había sido recapturado el pasado 31 de octubre de 2025, en Barranquilla, por agentes de la Dijín de la Policía, cumpliendo la orden impartida por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá.

Sin embargo, la misma togada que le concedió la polémica libertad, el 11 de abril del año pasado, volvió a fallar a favor del empresario.

La jueza resolvió en un fallo conocido el 16 de diciembre reconocerle a Tapia la “parte cumplida de su condena de prisión, hasta el día de hoy, inclusive, un total de 90 meses y 10 días”.

Además, le concede “la libertad condicional por un período de prueba de 27 meses y 11 días, para lo cual, se tendrá como caución prendaria la misma que prestó con ocasión del auto del 11 de abril de 2025, pero si se le exige la suscripción de una nueva acta de compromiso al tenor del artículo 65 del C. P., considerando la modificación del periodo de prueba”.

Cabe recordar que, a la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico le había abierto una investigación por la libertad condicional que le concedió a Tapia, en el mes de abril.

De hecho, el pasado 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial compulsó copias contra la togada, quien habría “demorado y obstaculizado” la recaptura del contratista Emilio Tapia, el pasado 31 de octubre.

El empresario, condenado por corrupción, fue beneficiado en dos ocasiones por la misma jueza.