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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa en relación a un contrato suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) que sería para la defensa jurídica del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la denominada Lista Clinton.

La investigación se abre por cuenta de una denuncia de la representante a la Cámara Kathetine Miranda, quien advirtió que se trata de un contrato por 10.000 millones de pesos firmado el 9 de enero de 2026 con la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited, bajo la modalidad de contratación directa y con cargo al Presupuesto General de la Nación.

“Radicamos formalmente una solicitud ante la Contraloría y ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el contrato por 10.000 millones de pesos suscrito para la defensa del presidente Gustavo Petro frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton”, señaló la congresista.

Por esto, la PGN empezó la indagación para establecer posibles irregularidades en el contrato. La decisión quedó consignada en un auto fechado el 15 de enero de 2026, mediante el cual la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal inició actuaciones con el fin de identificar o individualizar a los posibles responsables disciplinarios vinculados al proceso contractual.

El contrato tiene el objetivo de una asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, enfocada en el análisis del régimen de sanciones financieras aplicadas por autoridades extranjeras.

En la queja se señala que los productos exigidos se concentran en conceptos “sin que se establezcan resultados verificables, indicadores de impacto ni entregables con efectos jurídicos concretos”.

“Los recursos públicos no pueden utilizarse para defender intereses personales del presidente Gustavo Petro”, agregó Miranda.

Ya la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales, entre ellas la solicitud de estudios previos, la minuta contractual, los entregables, las hojas de vida de los funcionarios intervinientes y el manual de contratación del DAPRE.