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La Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP Caribe), en representación de las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, manifestó su preocupación ante el recorte presupuestal decretado para el megaproyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

Ante este escenario, las autoridades regionales instan al Gobierno Nacional a respetar los compromisos financieros y técnicos que aseguren la ejecución integral de esta obra estratégica.

Un proyecto vital para la seguridad hídrica y ambiental

Con una inversión valorada en $3,1 billones, el Canal del Dique es el proyecto ambiental e infraestructura más ambicioso del país. Su importancia radica no solo en el desarrollo económico, sino en su capacidad para prevenir desastres humanos y ambientales como el ocurrido en 2010, que dejó más de 100 mil damnificados.

La RAP Caribe y los gobiernos departamentales advierten que la decisión unilateral del Ministerio de Hacienda de recortar $637.000 millones —lo que representa el 83,6 % de la vigencia futura para 2026— pone en peligro años de gestión técnica y social. Este recorte compromete un proceso que ya cuenta con:

 * Más de 250 mesas de socialización con comunidades.

 * 16 consultas previas concluidas con éxito.

 * Años de rigurosa planeación técnica y financiera.

Beneficios en riesgo

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La parálisis o desfinanciación de este proyecto afectaría directamente a más de 1,5 millones de habitantes en 19 municipios del Caribe. Los objetivos fundamentales que hoy están bajo amenaza incluyen:

 * Restauración ambiental: Recuperación de ecosistemas degradados y cuerpos de agua naturales.

 * Gestión del riesgo: Mitigación de inundaciones y control hídrico durante sequías.

 * Conectividad: Fortalecimiento del sistema fluvial y portuario de la región.

 * Compromisos internacionales: Cumplimiento de las metas de adaptación y resiliencia climática del Estado colombiano.

Un llamado a la concertación

La Contraloría General de la República ha reiterado que detener esta obra generaría riesgos ambientales, sociales y fiscales irreparables. Por ello, la RAP Caribe y las Gobernaciones hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional para activar espacios de concertación con la concesión, las comunidades y los órganos de control.

“Es imperativo salvaguardar la seguridad hídrica y social de la región. El Canal del Dique no es solo una obra de infraestructura; es la garantía de vida y desarrollo para el Caribe colombiano”, explicó la RAP.