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La alerta temprana 003 de 2026, se emitió para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en Bolívar, donde se ha intensificado la presencia y confrontación de grupos armados ilegales por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca, utilizado para la movilidad de economías ilícitas.

Según la Defensoría, esta zona del sur de Bolívar es clave para actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, lo que ha generado una presión creciente sobre las comunidades, reflejada en restricciones a la movilidad, miedo y regulación armada.

El escenario se ha agravado tras la suspensión del cese al fuego bilateral con el ELN, lo que derivó en su repliegue hacia la serranía de San Lucas, mientras que el Clan del Golfo ha expandido su presencia hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras. A esto se suma la actuación de disidencias de las extintas Farc, aumentando el riesgo de enfrentamientos y represalias contra la población civil.

“Entre los hechos que sustentan la inminencia, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado la contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, con afectaciones directas a bienes y personas civiles”, aseguran en un comunicado.

En Montecristo se registraron dos accidentes con minas antipersonal en 2025 que dejaron víctimas mortales y personas heridas, además de ataques con drones que impactaron espacios comunitarios y viviendas rurales.

La entidad también alertó sobre confinamientos masivos que afectan a más de 3.200 familias en comunidades rurales de Montecristo, así como secuestros y prácticas de trabajo forzado, incluyendo presión a civiles para evacuar heridos o trasladar cuerpos tras los combates. A ello se suman homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados, con víctimas civiles, incluso menores de edad.

Otro de los riesgos es el fortalecimiento del control social impuesto por los actores armados, que incluye amenazas a líderes comunitarios y servidores públicos, estigmatización, instrumentalización de juntas de acción comunal e imposición de normas de comportamiento bajo coerción.

El riesgo es especialmente crítico para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento, a violencias basadas en género y a la interrupción del servicio educativo por desplazamientos y amenazas contra docentes.

Ante este panorama, la Defensoría solicitó la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de coordinar acciones de protección, prevenir ataques con drones y fortalecer las medidas de atención humanitaria, especialmente para población infantil y comunidades confinadas.