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A su ingreso al búnker de la Fiscalía General en el occidente de Bogotá, la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, declaró que es inocente de los hechos por los que fue capturada en la mañana de este miércoles cuando iba a comprar pan en un establecimiento cercano a su casa, en el noroccidente de la capital de la República.

“Soy inocente de todo, vengo con mucha tranquilidad a responder”, precisó la exmandataria departamental mientras era trasladada a los calabozos del búnker por dos agentes del CTI. Pinto aseguró que no se presentaron irregularidades en el contrato de 16.800 millones de pesos firmado en 2011, antes de renunciar a la Alcaldía para presentarse a las elecciones para la Gobernación.

La Fiscalía General le imputará los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de los requsitos legales y falsedad en documento público y privado en las próximas horas ante un juez de control de garantías del complejo judicial de Paloquemao. Por la gravedad de los hechos se solicitará que se cobije medida de aseguramiento en centro carcelario.

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez explicó la investigación contra Pinto tiene relación con una denuncia presentada en contra del entonces alcalde Yan Keller Hernández Herazo por las irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004 que fueron suscritos ESE Hospital San Rafael de Albanía por un valor de 18.600 millones de pesos.

“Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos (…) También se estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencioanda obligación contractual”, precisó.

De igual forma continúa el proceso en su contra por ser la supuesta autora de las amenazas en contra del superintendente Jorge Enrique Vélez, quien fungió como gobernador encargado de La Guajira después que la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara su elección por considerar que se presentó una violación al régimen de inhabilidades.