El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel por un tribunal de primera instancia, por su implicación en una trama de corrupción que operó en Petrobras, informaron fuentes oficiales.
Según la sentencia, Lula “participó conscientemente del esquema criminal, inclusive tenía consciencia de que los Directores de Petrobras utilizaban sus cargos para recibir ventajas indebidas en favor de agentes políticos y partidos políticos”
La decisión fue tomada por el juez Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la colosal trama corrupta destapada en el seno de la petrolera estatal, quien encontró a Lula culpable de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
El pasado mes de junio la Fiscalía brasilera había pedido prisión para el exmandatario acusándolo de “corrupción pasiva calificada”. La prueba que sustentaba la posición dl ente investigador era documentos que demostraban la existencia de un apartamento que sería propiedad de Lula pero que aparecía registrado a nombre de una de las constructoras implicadas en el escándalo de la petrolera.
Según el fiscal Dallagnol, este proceso, tan solo uno de las muchos que enfrenta el expersidente, es “el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil”-, y Lula habría recibido al menos 3,7 millones de reales” en sobornos pagados disimuladamente”.
Aunque Lula no irá a la cárcel hasta que se termine el proceso de apelación a la sentencia, es la primera condena por corrupción que afronta un expresidente de Brasil.
El veredicto de culpabilidad de Lula, uno de los presidentes más populares en la historia de Brasil, debilita sus posibilidades de llevar al Partido de los Trabajadores nuevamente al poder en las elecciones de 2018. Durante los últimos meses, ha consolidado su posición en las encuestas de opinión como el favorito para la carrera presidencial, pero no podrá ser elegido si su condena es ratificada en la apelación.
La condena del líder de izquierda también acentúa aún más la tensión política en Brasilia, y se produce en momentos en que el propio presidente Michel Temer enfrenta acusaciones de corrupción que podría llevar a su destitución.
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