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Por cuenta de una directiva firmada por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las Fuerzas Militares ya cuentan con vía libre para efectuar bombardeos aéreos y utilizar toda su artillería contra disidentes de las Farc y reductos de bandas de crimen organizado.

La resolución actualiza un documento anterior que les dio más instrumentos a las Fuerzas Armadas para la lucha contra las bandas criminales, en particular, a través de bombardeos contra las denominadas bacrim. Con la nueva directiva, se establece además un marco legal que les permite a las tropas combatirlas con eficacia y blindarse ante procesos penales.

El objetivo es contar es con los suficientes instrumentos logísticos para poder ir a la ofensiva no solo contra las bandas criminales, sino contra disidentes de las Farc que se opusieron al Acuerdo de Paz alcanzado con el Gobierno en La Habana (Cuba), al parecer, para mantener negocios criminales como el narcotráfico y las extorsiones.

Con la nueva directiva –que iguala además a las denominadas organizaciones del crimen residual con los grupos armados organizados (GAO)– la idea es poder combatir a los disidentes hasta con bombardeos, sin incurrir en líos por la limitación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Las operaciones aéreas son complejas para los pilotos de las Fuerzas Armadas, porque cualquier bombardeo puede ser considerado una violación al DIH o un riesgo legal por acciones no autorizadas.

Según investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, actualmente hay presencia de la disidencia y de las estructuras desertoras en 35 municipios y en otros seis ha habido algunas incursiones sin presencia permanente, para un total de 41 municipalidades.

La disidencia opera en el departamento de Guaviare, algunos municipios del sur del departamento del Meta y recientemente ha incursionado en Caquetá. Cuenta con cerca de 400 combatientes, de los cuales alrededor de 310 eran guerrilleros de las Farc, los otros son nuevos reclutas.