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La ciudad de Puebla está conmocionada tras el ataque armado registrado la madrugada del sábado en las inmediaciones del bar Sala de Despecho, ubicado en la zona de Angelópolis. El hecho dejó tres personas muertas y cinco más heridas, en un episodio que se produjo cuando las víctimas salían del establecimiento e intentaban abordar una camioneta blanca.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego de manera directa y luego huyeron del lugar.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Gisele Ortiz, psicóloga de 33 años; Emmanuel Esteban, fisioterapeuta de 28; y el arquitecto Joaquín Wirth García, de 34 años. El grupo compartía en el establecimiento antes del ataque.

Testigos señalaron que los disparos se escucharon de manera repentina y generaron pánico entre quienes se encontraban en la zona, considerada una de las más exclusivas y concurridas de la capital.

Las autoridades estatales informaron que una de las principales líneas de investigación apunta a que el atentado habría estado dirigido contra Wirth García, egresado de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). De manera extraoficial, se ha mencionado que el móvil podría estar relacionado con una presunta deuda económica; sin embargo, allegados al arquitecto rechazaron esas versiones y aseguraron que se encontraba enfocado en retomar su carrera profesional en la región tras haber regresado de España.

La Fiscalía continúa recopilando pruebas para esclarecer si se trató de un ataque directo o de un hecho vinculado a otras hipótesis.

En un operativo posterior, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó la captura de cuatro presuntos implicados, entre ellos un menor de edad. Según las autoridades, los señalados habrían rentado un inmueble a través de Airbnb en las cercanías del lugar para vigilar a sus víctimas antes de ejecutar el ataque.

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, indicó que la acción fue “planeada con antelación y ejecutada con logística precisa”. Mientras avanza el proceso judicial, universidades como la Universidad Iberoamericana Puebla y la Universidad Madero expresaron su solidaridad con las familias y exigieron garantías de seguridad.