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Rodrigo Jaramillo fue condenado a siete años de detención domiciliaria por su responsabilidad en el descalabro de $200.000 millones de Interbolsa. El exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz recibió una condena de seis años por haber pagado sobornos para que una de sus firmas constructoras recibiera contratos de la Alcaldía de Bogotá. Cristian Cañón, al igual que Jaramillo o Cruz, también recibió una sentencia considerable: 12 años de prisión. Su delito, sin embargo, no fue desfalcar a cientos de inversores o fomentar la corrupción. Fue, se supone, robarse una bicicleta.

Desde el 24 de junio de 2016, Cristian Cañón figura en los sistemas judiciales del país como prófugo de la justicia. Ese día el Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia de la magistrada Patricia Rodríguez, determinó que el juez de primera instancia se había equivocado, que Cañón sí era culpable del delito de hurto agravado y calificado, y que por eso debía pagar una pena de 144 meses en prisión. Doce años exactos tras las rejas por haberle quitado a alguien una bicicleta. Lo peor de todo es que la versión de Cañón, que nunca fue oída por los jueces porque su abogado del momento no quiso, es muy distinta.

El Espectador habló con este hombre, quien llegó incluso a considerar el suicidio al ver la pesadilla que se le venía encima. “Yo soy inocente. Pensé que era imposible que esto pasara, pero todo se me vino al piso. Tenía la esposa más maravillosa del mundo, que estuvo en las malas y las buenas conmigo, pero yo estaba tan mal que la perdí. Vivo solo, paranoico, huyendo siempre. Mis hijos tienen nueve y diez años y saben que a su papá no lo puede ver la Policía en la calle. Ellos sabían que necesitaba plata para pagar un abogado y comenzaron a vender los juguetes y todo lo que tenían para ayudarme”, dice Cañón ahogado en llanto.

Su pesadilla comenzó el 11 de julio de 2013 hacia mediodía, en el sur de Bogotá, cuando dos hombres amenazaron, uno de ellos con un cuchillo en mano, a Julio César Beltrán y le robaron su bicicleta. Uno de los ladrones huyó con la bicicleta y el otro, el que llevaba el arma, salió a correr en la dirección contraria. Julio César Beltrán lo siguió hasta que el hombre se montó en un Chevrolet Corsa sobre la avenida Primero de Mayo. Beltrán alertó a la comunidad, gritando que en ese vehículo iba el ladrón que le acababa de quitar su bicicleta.

En juicio, la Fiscalía presentó el testimonio de la víctima, Julio César Beltrán. Él declaró que el carro giró por una calle sin salida y que los vecinos reaccionaron, que lo rodearon, que un conductor atravesó un camión blanco, que el hombre del cuchillo abrió la puerta y escapó y que adentro quedó su conductor: Cristian Cañón. El Tribunal de Bogotá supo que los dos policías que arrestaron a Cañón, también testigos de la Fiscalía, presentaron testimonios contradictorios. Por eso precisamente fue absuelto en primera instancia. Pero ante el Tribunal, la versión de Beltrán fue considerada más que suficiente para imponer los 12 años de prisión.

“Yo nunca vi la bicicleta”, resalta Cristian Cañón. “Ese día yo estaba comprando unas cosas para una pizzería que tenía y fui a mirar unos muebles. Después de cotizarlos me metí al carro y lo prendí, pero no pude salir porque había otro carro que me bloqueaba. Me bajé y ahí vi dos hombres corriendo, uno llevaba un cuchillo y se metió a mi carro. Era un pelado. El carro estaba apagado, nunca se movió, pero me empezaron a gritar que yo tenía que ver con el robo. Llegó la Policía, me capturaron y me llevaron al CAI. Yo sólo estaba parqueado ahí. Dentro del carro hasta llevaba ingredientes para la pizzería”.

Su versión, sin embargo, no quedó en el expediente porque su abogado de entonces consideró que no era necesario, que con poner en evidencia las incoherencias de los testigos no se requeriría más. “Tuvo una mala defensa técnica desde el inicio y ninguno de los abogados se interesó por defenderlo”, señaló el abogado que hoy lo representa, César Vargas. “El dueño de la bicicleta ya me dice hoy que yo no tenía nada que ver y en la última audiencia me pidió perdón, pero dijo que no se podía retractar porque eso le podía traer problemas legales”, asegura Cristian Cañón.

El abogado de Cañón sostiene que a este caso, además, lo atraviesa una gran controversia jurídica que no se ha resuelto. En 2014, la Corte Constitucional emitió un fallo en el cual estableció que las personas que fueron condenadas en segunda instancia pero absueltas en primera instancia, como ocurre con Cristian Cañón, tienen el derecho de apelar la sentencia que los declara culpables. La Corte Suprema respondió que esa determinación era un despropósito imposible de cumplir, y el Congreso, que debía legislar al respecto, no hizo nada y dejó el asunto en el limbo.

Mientras tanto, de acuerdo con las reglas de juego vigentes hoy en el sistema judicial, la última oportunidad que tiene Cristian Cañón para recuperar su libertad está en manos de la Corte Suprema, que ya admitió la demanda de casación de este caso y tendrá que revisar las sentencias que se elaboraron al respecto. El 24 de mayo de este año el defensor César Vargas deberá ir a la Corte a exponer sus argumentos ante los magistrados de la Sala Penal. “Perdí mi pizzería, el carro que nunca me devolvieron, a mi esposa, que amo con todo mi ser. Todavía tengo esperanza de que todo esto termine”, dice Cañón.

El Espectador