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El asbesto causa más de 107.000 muertes cada año en el mundo, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las enfermedades causadas por esta sustancia pueden tardar 20 y hasta más años en hacer su aparición, según datos de la OMS.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, en el marco de la conmemoración de la Semana de la Seguridad Social, pidió al Congreso de la República aprobar el proyecto de Ley 061 de 2017 que busca prohibir el uso de asbesto. Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que ordene erradicar su empleo, comercialización y sustitución progresiva de este material, como parte de su obligación para proteger los derechos a la salud y a la vida de los ciudadanos.

La Entidad reitera el apoyo al proyecto de ley que prohíbe todo el uso industrial del asbesto y la importación de productos que lo contienen. “El Estado está obligado a adoptar medidas para prevenir la muerte de colombianos por asbesto. Incluso, en más de 56 países han prohibido el uso por su impacto en la violación y vulneración a los derechos humanos. ¿Hasta cuándo lo seguiremos produciendo?”, puntualizó el Defensor Negret Mosquera.

De ser aprobado el proyecto de Ley “Ana Cecilia Niño”, Colombia se uniría al grupo de países que ya lo prohibieron, entre los que se encuentran Argentina, Uruguay y Chile, además de algunos miembros de la Unión Europea.

El Defensor del Pueblo reiteró que “el asbesto produce efectos nocivos para la salud y la vida de las personas, pues se encuentran en alto riesgo de desarrollar asbestosis y mesotelioma, que para ser claros, se resumen en cáncer de pulmón”. Asimismo hizo un llamado a las entidades de salud para trabajar fuertemente desde el primer diagnóstico médico, y así brindar un tratamiento oportuno a los pacientes afectados.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, Colombia se ha comprometido constitucional e internacionalmente en la protección y garantía a la salud, obligándose a adoptar medidas legislativas y administrativas. Es por ello que la Defensoría del Pueblo insta a que los organismos competentes a nivel público y privado, garanticen a los ciudadanos el cumplimiento pleno de sus derechos.