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Pagos por ítems no concluidos y recursos pendientes por amortizar fueron las principales causas de estos hallazgos. Los resultados de la Actuación Especial de la CGR revelaron graves deficiencias en la administración de los recursos destinados al proyecto denominado “Construcción y Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional”.

Con  17  hallazgos  administrativos, de los cuales 12 tienen alcance fiscal por  valor de $18.920 millones de pesos y 14 presunta connotación disciplinaria, culminó una nueva Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC.

Esta vez el órgano de control evaluó la gestión del proyecto para Construcción y Ampliación de Infraestructura para Generación de Cupos en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.

Se revisaron los proyectos de ampliación en 5 Establecimientos Carcelarios de Alta y Mediana Seguridad (Espinal, Tuluá, Buga, Ipiales y Girón), así como sus contratos de interventoría, y el convenio marco interadministrativo de cooperación No. 20 de 2013, suscrito con la Universidad Nacional de Colombia.

Anticipos que han beneficiado a los consorcios constructores

Los resultados de la Actuación Especial revelaron graves deficiencias en la administración de los recursos destinados al proyecto evaluado, pues la entrega de cuantiosos recursos a título de anticipo en la totalidad de contratos, ha beneficiado financieramente a los consorcios constructores, sin que tales condiciones se reflejen en la atención oportuna de los plazos contractuales y especificaciones pactadas.

Así mismo, la Actuación Especial reveló que las interventorías dieron por recibidas y autorizaron el pago de cantidades de obra no ejecutada, no terminada, no instalada o que no cumple con las especificaciones mínimas establecidas en los documentos contractuales.

La situación descrita llevó a que en algunos casos los Contratistas de Obra debieran realizar reversiones de las cantidades de obras no ejecutadas en actas subsiguientes, las cuales seguían pendientes de compensación por parte de la Tesorería de la USPEC.

Se inician contratos de construcción sin diseños definitivos

Otras situaciones evidenciadas en la Actuación de control fiscal revelaron el inicio de contratos de construcción sin la existencia de diseños definitivos, lo que conllevó posteriores retrasos y desfase de precios, así como el pago de costos directos por encima de costos reales, incrementando la utilidad del contratista por concepto de intermediación, en detrimento de los intereses de la entidad estatal, o modificaciones a la cimentación de los proyectos, sin el aval del diseñador.

La Contraloría elevó también a daño patrimonial la ejecución y pago de contratos de diseño de establecimientos de reclusión que no contaban con recursos para su construcción, lo que tornó en inútiles las inversiones hechas para tal fin.

La USPEC no ha acatado mandato del Plan de Desarrollo

Otras de las conclusiones que evidencian la crisis del sistema y la lenta reacción estatal frente a la implementación de soluciones, radica en que la USPEC ha renunciado a la posibilidad de establecer un diseño estándar de establecimiento y cupo carcelario, para ser adoptado en las cárceles ya existentes.

Esto a pesar del mandato en tal sentido del Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018, que ordena el diseño de un Plan Maestro de Reposición, Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura. Tampoco se evidencian aportes en tal sentido por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, ni del INPEC  como operador principal del sistema. 

Ningún nuevo cupo carcelario en servicio

De la misma manera, la Contraloría determinó que a diciembre de 2016 no se había puesto en servicio ningún nuevo cupo carcelario, pues los entregados corresponden a adecuación  y ampliación en establecimientos existentes, y los proyectos de nueva infraestructura padecen de constantes retrasos y prórrogas, en consonancia con las conclusiones divulgadas en Boletín Macrosectorial No. 3.

Auditorías en curso evidencian pocas mejoras

En desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, así como en cumplimiento de las órdenes de seguimiento impartidas por la Corte Constitucional, la Contraloría General de la República programó para el primer semestre de 2017 la realización de auditorías al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, con el fin de constatar el estado actual de algunos establecimientos y el grado de avance en las acciones de mejoramiento sobre los hallazgos formulados en otros centros visitados.

Dentro de las auditorías que en la actualidad se vienen adelantando, la CGR ha ejecutado acciones de control en 26 establecimientos de reclusión en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima, cuyos resultados serán revelados antes del 30 de junio del año en curso, fecha estimada de liberación de las auditorías al INPEC y la USPEC.

Persisten deficiencias en Cárcel de Bellavista

Las primeras conclusiones evidenciadas por la CGR en la visita efectuada al EPMSC Bellavista en Medellín, coinciden con el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, quien solicitó el cierre inmediato de dicho establecimiento, debido entre otras razones al elevado hacinamiento, cercano al 300%, que no ha disminuido desde la última visita del Órgano de Control en la vigencia 2016.

Así mismo, se pudo constatar que persisten las deficiencias en la infraestructura de las áreas de preparación de alimentos, baterías sanitarias, instalaciones eléctricas, disposición y almacenaje de residuos sólidos, ausencia de áreas de comedor y de visitas conyugales.  Finalmente, el cierre del patio 2 por riesgo de colapso conllevó el aumento del hacinamiento en los restantes patios del penal, sin que se hayan implementado medidas para mitigar el impacto de esta clausura parcial.

Estas y otras conclusiones obtenidas en las restantes visitas, cuyos resultados están pendientes de hacerse públicos, denotan limitados avances frente a las situaciones evidenciadas en ejercicios de control anteriores y los parámetros mínimos establecidos por la Corte Constitucional, lo que no permite vislumbrar la superación del Estado de cosas inconstitucional en el mediano plazo.