Auditoría de la CGR a la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, determinó que en un elefante blanco se ha convertido la obra de arquitectura bioclimática de la nueva sede de CORPOCESAR. A marzo de 2017 el contrato se encontraba suspendido, registrando 8 meses de inactividad desde julio de 2016; además presentaba un retraso del 72 %.
Un hallazgo fiscal por $ 6.450 millones de pesos detectó la Contraloría General de la República en la construcción de la nueva sede de la Corporación Autónoma del Cesar -CORPOCESAR-.
Para el ente de control la gestión fiscal de estos recursos provenientes del Sistema General de Regalías, ha sido ineficaz, deficiente e inoportuna.
La construcción de esta edificación; ha resultado ser un elefante blanco, ocasionando un daño al patrimonio público, causado por su ejecución irregular.
Con corte al mes de marzo de 2017 la Gerencia Departamental Colegiada del Cesar de la Contraloría General de la República, constató que las obras se encuentran en condiciones de abandono y deterioro continuo, lo que ha generado un detrimento de $5 mil 768 millones causados en fase I –Diseño- y $682 millones de los dineros girados en la fase II del proyecto, para un total de $6 mil 450 millones de detrimento patrimonial.
Pago de arrendamiento sede actual de CORPOCESAR
La edificación bioclimática que se tenía prevista para ser construida y entrar en funcionamiento en 16 meses, se ha extendido en el tiempo por más de diez (10) años, término en el que CORPOCESAR ha pagado por concepto de arrendamiento de la sede actual de la Corporación, una suma mensual que asciende a los $25 millones de pesos.
Deficiencias en la planeación
Durante la fase I que correspondió al contrato de obra pública por valor de $3 mil 846 millones para el “diseño y construcción de un proyecto piloto demostrativo de arquitectura bioclimática en la ciudad de Valledupar”, se evidenció que las estructuras de la obra habían sido construidas bajo parámetros de sismo resistencia anteriores, lo que hizo necesario nueva inversión de recursos para la intervención en obras estructurales que ya habían sido construidas; más aún cuando esta estructura ha estado en abandono sin mantenimiento periódico y expuesta al deterioro constante.
Según información obtenida del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP, entre la Gobernación del Departamento del Cesar y la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR, se suscribió Convenio Interadministrativo, firmado en octubre de 2013, por el Secretario de Infraestructura de la época, Omar Enrique Maestre Velez, y por parte de CORPOCESAR, por el Director General, Kaleb Villalobos Brochel; convenio que ascendió a la suma de $6 mil 682 millones.
Para la ejecución de dicho convenio interadministrativo, la Corporación, posteriormente suscribió un contrato de obra pública con la firma PROEZA CONSULTORES S.A.S., representada por Julio Mario Villamizar, por valor de $6 mil 239 millones y adicionado en $2 mil 402 millones, para un valor total de $8 mil 642 millones.
Contrataciones que fueron financiadas con recursos del orden departamental por aporte de la Gobernación del Cesar, recursos del Sistema General de Regalías y recursos propios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar.
Cesión de contrato pese incumplimiento
De acuerdo con el Informe de Auditoría emitido por la CGR, a marzo de 2017 el contrato se encuentra suspendido, registrando 8 meses de inactividad desde julio de 2016; además presenta un avance del 13% y un atraso del 72 %. Sin embargo y pese a los informes de interventoría, la Corporación no ha adelantado ninguna Actuación Administrativa encaminada a declarar el incumplimiento y la caducidad del contrato, y en consecuencia recuperar los dineros pagados en calidad de anticipo no amortizados. Por el contrario, se procedió a acceder a la petición del contratista de ceder el contrato a otra empresa, lo que evidencia un claro favorecimiento al contratista aceptándole una cesión del contrato liberándolo de todas sus obligaciones contractuales y no exigiendo el reintegro de los dineros de anticipos no amortizados ni los rendimientos financieros de los mismos y no haciendo exigibles las pólizas de cumplimiento y anticipos respectivas.
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