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“Vivir sin miedo sigue siendo una deuda pendiente para Colombia. El recrudecimiento de las acciones armadas indica que las promesas de paz aún no se han materializado en las regiones más vulnerables, donde no ha habido una consolidación integral de la presencia del Estado y donde la llegada de migrantes implica nuevos desafíos”.

Esa es una de las conclusiones generales del informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), documento publicado ayer por ese organismo internacional y en el que revela las violaciones de los derechos humanos en el último año.

Según esta publicación, las víctimas de minas antipersonas y artefactos explosivos han venido creciendo en los últimos dos años. Así, en el 2017, después de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la cifra de víctimas fue de 57, en el 2018 subió a 221, y en el 2019 se registraron 352 casos, casi una víctima por día. Esta cifra evidencia que el número de personas afectadas por estos artefactos creció un 59 %.

De este número de víctimas, dice el CICR, 42 fallecieron. Además, 159 eran civiles y 19, menores de edad.

Llama la atención el hecho de que el 57 % de las víctimas se reportaron en tres departamentos: Norte de Santander, Arauca y Antioquia, donde los casos también han aumentado. Pero también resultaron afectados Nariño, Bolívar, Cauca, Chocó y Meta.

Otra de las pruebas del drama humanitario que vive el país son los confinamientos. El año pasado, más de 27.600 personas vivieron en medio de las acciones de grupos armados. El 83 % de quienes viven entre la guerra están en Chocó, “un departamento sumido en condiciones de pobreza apremiantes e históricas necesidades básicas insatisfechas”, asegura el Comité.

Y los desplazamientos masivos, que afectan a 10 o más familias al mismo tiempo, dejaron el año pasado 25.303 víctimas. Aunque fueron menos casos que en el 2018 (27.780), es una cifra que casi dobla la que se tenía hace cuatro años, cuando los efectos del acuerdo con las Farc se sentían en la disminución de la conflictividad y sus consecuencias.

Así, en el 2016 hubo 13.000 víctimas de desplazamientos masivos. De todas las regiones, fue en Nariño (30 %) donde hubo más desplazamientos, seguido por Chocó (24 %), y Córdoba (17 %).

Otra situación que preocupa al CICR es la de los desaparecidos, delito que tendría unas 83.000 víctimas. El Comité registró el año pasado 93 nuevas desapariciones.

Mientras que, por un lado, esta práctica no cesa, por el otro, encontrar a los desaparecidos sigue siendo un reto enorme. Por ejemplo, el organismo internacional concluyó que de las 2.158 personas que está buscando en Colombia tuvo información de 913 víctimas, pero solo logró resolver 116 casos (un 5 % del total).

Por eso, el CICR califica la búsqueda de desaparecidos como una “tarea titánica que tomará muchos años” y para la que las familias “deben contar con mejores condiciones de seguridad para poder reportar sus casos”.

A todos estos dramas humanitarios se suma un ingrediente adicional: la migración en zonas de conflicto. Así, asegura el informe, los 1,6 millones de migrantes están en especial vulnerabilidad, pues muchos de ellos se establecen en zonas afectadas por la violencia armada y, además de los abusos y riesgos a los que están expuestos, tienen “temor de buscar ayuda por la xenofobia y el escaso conocimiento de sus derechos”.

Con estos datos y cifras, el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, afirma que en el país siguen existiendo cinco conflictos armados en los que los miembros de estos grupos “aún irrespetan las reglas mínimas de la guerra”.

Según el CICR, el año pasado, sus equipos en terreno documentaron en total 987 violaciones del Derecho Internacional Humanitario, de las cuales el 77 % son amenazas, homicidios, actos de violencia sexual y reclutamiento de niños.

En cualquier caso, dice el Comité, esta es una mirada parcial de la grave situación que está viviendo el país, pues es lo que han podido detectar en las zonas donde tienen sus 13 oficinas.

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