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El juzgado 15 penal municipal de Barranquilla otorgó el beneficio de detención domiciliaria a Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A, encargada de los servicios públicos en Barranquilla y vinculada con Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.

En la audiencia, que se desarrolló a puerta cerrada, Navarro aceptó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado, por lo que podrá obtener una rebaja de hasta la mitad de la pena.

Triple A es una empresa de propiedad de Inassa, filial latinoamericana de la estatal española Canal de Isabel II, que resultó vinculada a la investigación de las autoridades ibéricas denominada Operación Lezo.

Navarro salió de Triple A en 2016 después de que Edmundo Rodríguez Sobrino fuera destituido de la presidencia ejecutiva de Inassa y luego de conocerse que era propietario de tres empresas offshore en Hong Kong.

El empresario fue detenido el pasado martes en el norte de Barranquilla dentro del proceso que se le sigue por la presunta apropiación ilícita, junto con los entonces representantes de Inassa y de la firma local Recaudos y Tributos, de $27.879 millones.

La investigación, realizada por la Fiscalía, señala que Navarro y los otros vinculados se habrían apropiado de los recursos mediante la creación 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que nunca adquirieron, así como cuatro contratos de consultoría con los que buscaban “justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado”.

La Fiscalía también investiga a cinco exdirectivos de Triple A y seis de Inassa por un contrato suscrito el 4 de septiembre de 2000 entre ambas empresas. Ese contrato, según el ente acusador, se pactó un pago mensual del 4,5 % del recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y limpieza, “por la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica”.

Las autoridades calculan que en los 17 años de vigencia de ese contrato se pagaron $237.836 millones de pesos. Dicho contrato, para la Fiscalía, no se habría ejecutado “y se presentó una supuesta desviación irregular de los dineros con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos la sociedad Canal Extensia”, del Canal de Isabel II.

La empresa Inassa, por su parte, expidió un comunicado en el que manifestó que “respeta y acata las disposiciones de las autoridades colombianas como lo ha venido haciendo desde que se abrieron dichas investigaciones”.

“El compromiso de Canal de Isabel II e Inassa es esclarecer junto con las autoridades colombianas cualquier hecho irregular que se hubiera presentado, por ello ha atendido de forma eficaz todas las solicitudes y ha entregado la información requerida”, agrega el comunicado.

Inassa defendió la relación contractual con Triple A por medio de la cual “ha venido transfiriendo conocimiento técnico y experiencia acumulada en los procesos productivos de control y de gestión operativa, administrativa, comercial y tecnológica para el manejo de la infraestructura de acueducto, aseo y alcantarillado”.