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El próximo 1° de noviembre, la Fiscalía pedirá que la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, regrese nuevamente a la cárcel. La solicitud se da luego de que, el pasado 10 de octubre, un juzgado de Soacha (Cundinamarca) ordenara la detención domiciliaria de la exmandataria departamental por ser madre cabeza de familia.

Oneida Pinto es investigada por las supuestas falencias halladas en un contrato por $18.600 millones, el cual celebró días antes de renunciar a la Alcaldía del municipio de Albania para postularse como candidata en las elecciones para la Gobernación de ese departamento.

En desarrollo de la investigación, el organismo investigativo evidenció irregularidades en los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004, con adición No. 001, que fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania y cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en el municipio.

Sin embargo, los convenios fueron ejecutados parcialmente sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual habían sido suscritos. La Fiscalía dice que Pinto es responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales

La Fiscalía también estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores quienes, a su vez, subcontrataron con aproximadamente 1.600 personas para la materialización de la mencionada obligación contractual.

Cada uno de los subcontratados, presuntamente, recibieron $1.200.000 para la ejecución del cotrato que consistía en dictar charlas y visitas a madres gestantes, lactantes, y adelantar jornadas de vacunación. Según el organismo investigativo, “había personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros”.